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Hay momentos en los que la indignación que experimentamos debido a los constantes maltratos a los que nos vemos sometidos a diario rebasa los límites de lo que cualquier persona con un cierto grado de humanidad y cordura puede soportar, y noticias como la aparecida hoy, en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a las compañías eléctricas en su contencioso contra el “bono social”, es la gota que colma el vaso de mi paciencia.

El alto tribunal con su fallo obligará a la devolución de las cantidades que las empresas eléctricas dejaron de ingresar más la correspondiente indemnización, lo que quiere decir que los usuarios volveremos a pagar un nuevo concepto de atrasos en nuestros recibos electricos, y que a partir de ahora estas deshumanizadas empresas dejarán de tener la obligación de financiar el derecho al suministro energético de los más desfavorecidos que no se lo puedan costear.

Cómo nos hemos de sentir y que confianza podemos tener en los más altos estamentos de la justicia, esos mismos estamentos cuyos miembros son elegidos por el gobierno de turno más por su afinidad ideológica que por sus méritos en la judicatura, cuando estos siempre se acaban doblegando a favor del más fuerte y poderoso en detrimento de la ciudadanía y los más débiles.

Si hace ya un tiempo vimos con estupor como el Tribunal Constitucional, ese tribunal que supuestamente tiene entre sus principales cometidos “la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos”, cercenaba una ley (la 24/2015 del Parlamento de Catalunya) nacida para desarrollar y garantizar el artículo 47 de la Constitución, un artículo del Título primero “De los derechos y libertades fundamentales” que deja clara constancia del derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, ahora le ha tocado recibir un duro revés a la lucha contra la pobreza energética.

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Queda clara constancia, como se demostró con el fallo del Tribunal Constitucional a favor de bancos y grandes tenedores de propiedades inmobiliarias y con la sentencia del Tribunal Supremo a favor de las grandes empresas eléctricas, de que el sistema está podrido y la justicia, en sus más altos estamentos, no es más que una herramienta a favor de los poderosos para desgracia del pueblo.

Ya basta de ser pisados. No podemos consentir que no se cumplan todas aquellas leyes venidas a garantizar los derechos más básicos y fundamentales, pero desde los poderes del estado no tengan problemas en legislar a favor de los más poderosos en detrimento del pueblo. No se pueden coartar nuestras libertades, aprobando leyes que castiguen a quienes abren la boca para quejarse (como fue el caso de la famosa “ley mordaza”). Y no podemos pasar por alto que las consecuencias de no tener garantizados los derechos más básicos son hambre, frio, una deficiente salud y la degradación total del sistema. Por todo ello ha llegado el momento de que tod@s dejemos de verlo a través de la televisión en el confort de nuestros salones y sólo sepamos quejarnos en petit comité y tomemos las calles. El día 29, día en el que se presupone que será investido de nuevo Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, hagámonos oír, ocupemos nuestras plazas y calles y todo aquel que pueda que se desplace a Madrid para rodear el Congreso de los Diputados.

MSNoferini

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A la vista de noticias como la hecha pública hace un par de días en los medios sobre la anulación por parte de la Audiencia Nacional de 43 convenios colectivos de empresas multiservicios; las cuales aprovechando el margen que les daba la reforma laboral del año 2012 a la hora de acogerse a la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, donde los acuerdos y convenios pactados por parte de una empresa concreta debían prevalecer por encima de los sectoriales, las llevó a la firma de sus propios convenios y con ello a tener carta blanca para aplicar devaluaciones salariales que en algunos casos llegaron hasta el 70%; uno se pregunta: ¿cómo puede ser que el Tribunal Constitucional avalase en su momento la tan controvertida Reforma Laboral del 2012, cuando el tiempo y los cientos de fallos en todas las instancias judiciales ha demostrado su evidente vulneración de algunos de los derechos más fundamentales de los trabajadores?

No es necesario ser excesivamente inteligente y tener unos grandes conocimientos para poder darle respuesta a esta pregunta, y esta no es otra que la ya tan comentada falta de separación entre los tres poderes que se le presuponen a todo estado democrático: ejecutivo, legislativo y judicial.

Cuando el partido que gobierna, el poder ejecutivo, tiene mayoría en las dos cámaras también pasa a tener el control del poder legislativo y con ello desgraciadamente acaba teniendo un control más que efectivo sobre buena parte de las más altas instancias Judiciales (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía del Estado).

El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1 CE).

El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de la carrera judicial, se compone de veinte miembros, más un presidente que a su vez lo es del Tribunal Supremo, elegidos a partes iguales (diez) por cada una de las dos cámaras (Congreso y Senado). Y sus competencias, entre otras, son las de proponer: dos miembros del Tribunal Constitucional,  los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, así como los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.

Se hace evidente que el apoyo de la mayor parte de los jueces del Tribunal Constitucional a la reforma aprobada por el gobierno se debió más a un respaldo hacia aquellos que los pusieron en el cargo o a compartir ciertos ideales políticos con estos que no a un análisis objetivo de todos los puntos que podría vulnerar el Real Decreto-ley 3/2012, y los constantes fallos en los Tribunales Superiores, Supremo, Audiencia Nacional y Tribunal de Justicia de la Unión Europea así lo ponen de manifiesto.

La Reforma Laboral, como el tiempo y no pocas sentencias han demostrado, supuso un ataque directo a derechos laborales tan básicos como a la negociación colectiva, indemnizaciones por despido, prorrogas de convenios o el derecho a un salario digno, pero desde la patronal, el partido del gobierno y sus medios afines nunca se ha reconocido ni se reconocerá, pues como es obvio esa reforma les beneficiaba a ellos en detrimento de los millones de trabajadoras y trabajadores presentes y futuros de este país.
MSNoferini
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Si uno quiere estar bien informado necesita estar muy atento a lo que se publica y recurrir al mayor número de fuentes posibles, porque hasta en la prensa supuestamente más progresista se omiten noticias de cierta relevancia. Y esta noticia que quiero comentar, y de la que pocos medios se han hecho eco, me la he encontrado en la Razón –sí, en ese diario que muchos no lo queremos ni para evitar pisar un suelo mojado.

Hace ya algunos años que diversas CCAA crearon impuestos que agravaban los depósitos bancarios de las entidades financieras que operaban en dichas comunidades. Unos impuestos muy justos que hubieran permitido a dichas comunidades recaudar una sustanciosa cantidad de dinero, pero que desde el primer momento contó con la desaprobación del Partido Popular, que ya en época de José María Aznar recurrió ante el Constitucional la primera iniciativa de legislar un impuesto de dichas características por parte de la Junta de Extremadura. Pasaron los años y para desgracia de muchos el PP volvió a hacerse con el poder y el gobierno del Sr. Rajoy decidió crear un impuesto de ámbito nacional, que impidiese a las comunidades tener uno propio, pero que no fue más que una trampa para salvarle el culo a las entidades financieras, pues el gravamen de dicho impuesto nacional era cero, cero patatero –pasado un tiempo lo modificaron y decidieron subirlo a un elevadísimo 0,03%.

Y ahora nos encontramos como tras haber presentado todas y cada una de las comunidades autónomas, que crearon un impuesto sobre los depósitos, un recurso por la perdida de esos fondos con la creación de una ley de ámbito nacional, el alto tribunal, formado mayoritariamente por personas cercanas a las tesis del PP, falla contra sus demandas y le da la razón al gobierno, declarando inconstitucional todo gravamen que pudieran aplicar las CCAA a las entidades de crédito.

Adjunto un estracto del artículo aparecido en el diario la Razón del día de hoy (23/03/2015):

Noticia la Razón

Para desgracia de los trabajadores de este país hoy (3/2/15) el Tribunal Constitucional ha rechazado por mayoría el recurso presentado por la izquierda plural y el PSOE por la posible inconstitucionalidad de la reforma laboral. El Constitucional avala, gracias a su mayoría ultraconservadora, la reforma laboral del PP. El alto tribunal, entre otras cosas, legitima: los cambios unilaterales por parte de los empresarios de las condiciones de trabajo, el abaratamiento de los despidos, recortar el poder sindical y eliminar los salarios de tramitación en los despidos procedentes.

El PP y el capital ganan, los trabajadores pierden.

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Hormigos para el Jueves

Hormigos para el Jueves

El pasado 13 de febrero conocimos el fallo del Tribunal Constitucional (un tribunal controlado por el Ejecutivo del PP) declarando constitucionales tres puntos de la polémica Reforma Laboral, justo cuando se cumplían dos años de su entrada en vigor. Una abominable reforma aprobada en su día, con los votos del Partido Popular y Convergencia i Unió, que poco ha hecho por paliar la lacra del desempleo, y que sólo ha servido para recortar derechos perjudicando a muchos y beneficiando a pocos.

La sentencia ha declarado como contitucionales:

1)      El procedimiento empleado por el Gobierno para implantar la reforma que modificaba sustancialmente algunos importantes puntos del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto-Ley.

2)     La existencia de dos tramos de indemnización por despido improcedente (45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades o 33 días por año con un tope de 24) según el tiempo trabajado antes o después de la reforma.

3)      El tercer punto sobre el que se ha pronunciado atañe al cambio en los salarios de tramitación. Hasta febrero de 2012, el trabajador despedido los cobraba junto a la indemnización correspondiente cuando el juez se pronunciaba a su favor y declaraba la rescisión de contrato improcedente o nula. Desde entonces, el trabajador solo los cobra si el empresario, cuando el juez dicta que un despido es improcedente, decide reincorporar al despedido. La realidad de esta norma es que de facto los salarios de tramitación han desaparecido puesto que el empresario no tiene incentivo alguno para readmitir al trabajador.

Sin embargo, lejos de tratarse de un visto bueno generalizado al Real Decreto-ley, aún quedan otras materias sobre las que el Alto Tribunal no se ha pronunciado. Por ejemplo:

1)      “Despido libre”.En el llamado contrato indefinido de apoyo a los emprendedores -del que pueden echar mano emprendedores y PYMES, es decir, más del 95% del tejido productivo- permite mantener al empleado en periodo de prueba durante un año, superando el límite de 6 meses que establece de forma general el Estatuto de los Trabajadores (ET)-.

Ello supone, en la práctica, poder despedir al empleado sin preaviso ni indemnización durante ese tiempo y hasta la finalización del periodo.

Se trata de uno de los puntos que más dudas ha despertado entre los juristas. De hecho, el Juzgado de lo Social nº 2 de Barcelona dictó el pasado 19 de noviembre una sentencia en la que considera ilegal tal periodo de prueba, por ir en contra de la Decisión de 23 de mayo de 2012 de la UE -que tiene valor de jurisprudencia- para un caso idéntico relativo a Grecia.

En aquel caso, se sentó por unanimidad que no se podía considerar “en ningún caso como razonable un periodo de prueba de un año”. Además, los expertos señalan que existe jurisprudencia del Supremo anterior a la reforma que considera este periodo abusivo.

2)     “Negociación colectiva”. En cuanto a la negociación colectiva como instrumento para llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones laborales aplicables a los trabajadores (contrato o convenio colectivo de trabajo), la reforma obliga a las partes a acudir al arbitraje obligatorio cuando las partes no lleguen a un acuerdo una vez cumplido el periodo máximo de negociación (como en los casos de ultraactividad), a pesar de que normalmente acudir a esta vía extrajudicial es una solución voluntaria.

Precisamente este punto ha planteado dudas entre quienes se dedican al Derecho, que hablan de su posible inconstitucionalidad porque atenta contra la libertad negociadora de las partes y mermar el derecho a la negociación colectiva. Son muchos los que opinan que las partes implicadas deben ser las que libremente decidan someterse a esta vía, cuyas resoluciones tienen el mismo valor que una sentencia judicial.

3)   “Descuelgue del convenio”. También se ha tachado de inconstitucional el hecho de que la norma prevea que, cuando concurran causas “económicas, técnicas, organizativas o productivas”, la dirección de la empresa pueda inaplicar el convenio colectivo firmado y dejar de lado las condiciones que éste prevea (antes esto sólo era posible ante la presencia de “pérdidas”).

Ello significa que, cuando concurran estas causas, la empresa podrá modificar unilateralmente la jornada de trabajo (antes no se podía cambiar, por ninguna causa), el horario y distribución del tiempo de trabajo, los turnos, el sistema de trabajo y rendimiento, sus funciones (más allá de lo permitido en la movilidad funcional), y las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

En caso de desacuerdo, la empresa puede someter el caso a un órgano administrativo, la Comisión Consultiva, que decidirá sobre el caso sin que precise para ello la aquiescencia de los trabajadores. Esta fórmula se considera inconstitucional por muchos juristas, que la tachan de incompatible con el derecho a la negociación colectiva.

A ello se suma que la reforma laboral establece la prioridad de aplicación del convenio de empresa -en el que la posición del trabajador a la hora de negociar es más débil- sobre cualquier convenio de ámbito territorial superior. Así, se saca de la ecuación al sindicato de nivel regional o nacional, cuyo trabajo negociador puede quedar inaplicado.

También en este punto se habla de un posible caso de inconstitucionalidad, por atentarse contra la negociación colectiva y los sindicatos como parte legitimada para ejercer ese derecho constitucional.

Viendo que es francamente difícil que el Tribunal Constitucional legisle de una manera más justa para los trabajadores no nos queda más que esperar a que el próximo gobierno, nacido de la voluntad popular, derogue tan vil norma devolviendo a trabajadores y sindicatos parte de los derechos perdidos.