Posts etiquetados ‘separación de poderes’

Parlar de separació de poders és retrocedir en el temps -si més no- fins a la Grècia clàssica, doncs ja al segle IV aC Aristòtil, filòsof i científic, analitzant el concepte de sobirania, en el seu llibre “Política”, va dividir la mateixa en tres elements que al seu entendre no s’havien de concentrar a les mateixes mans si no es volia caure en la “tirania”. Els tres elements en què Aristòtil va dividir el poder van ser: “el que delibera, el que mana i el que jutja”.

Per tant podem dir que la separació de poders va tenir el seu origen en l’antiga democràcia atenesa i es va generalitzar en la República Romana (magistratures), però no va ser fins a la teorització realitzada pel metge i filòsof anglès John Locke (1690) i la materialització del sistema i equilibri de poders de Montesquieu (en plena Il·lustració), en el seu tractat “De l’Esperit de les Lleis” (1748), que no es van posar les bases teòriques per convertir en realitat i de manera efectiva la limitació dels poders de l’estat (legislatiu, executiu i judicial).

La separació de poders i el principi d’elecció per sufragi directe, com a qualitat principal de la democràcia, no es va fer realitat -teòricament- fins a la seva implementació, per part dels federalistes nord-americans, en la constitució dels EE.UU (promulgada en 1789) com un sistema rigorós de controls alhora que de contrapesos que havien de permetre que els ciutadans poguessin viure en plena llibertat.

Des de la llunyana implementació de la separació de poders en l’articulat de la constitució nord-americana, com l’autèntica base que ha de regir un sistema democràtic, la major part de les constitucions modernes van recollir aquest principi, però no així la Constitució Espanyola del 78. L’actual Constitució de l’estat fa recaure el poder legislatiu i executiu a les mateixes mans, al no convocar-se per separat l’elecció d’aquells que haurien de ser els representants d’aquests dos poders. Després d’unes eleccions generals, en les quals triem als nostres representants en les dues cambres legislatives (senadors i diputats) seran ells els responsables de triar al Govern (poder executiu), la qual cosa porta al fet que el control de les majories en aquestes càmeres (senat, congrés) faci recaure el poder legislatiu i executiu a les mateixes mans. I si a aquesta falta de separació de poders li sumem el poder del Govern i de les càmeres a l’hora de triar als membres de les més altes instàncies judicials, o bona part d’ells (CGPJ, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional, Tribunals Superiors, etc.), ens trobem que la separació de poders i el sistema de controls i contrapesos, teoritzat per Locke i Montesquieu, podria no estar-se complint a l’estat espanyol.


Hablar de separación de poderes es retroceder en el tiempo -cuando menos- hasta la Grecia clásica pues ya en el siglo IV a.C Aristóteles, filósofo y científico, analizando el concepto de soberanía, en su libro “Política”, dividió la misma en tres elementos que a su entender no se debían concentrar en las mismas manos si no se quería caer en la “tiranía”. Los tres elementos en que Aristóteles dividió el poder fueron: “el que delibera, el que manda y el que juzga”.

Por lo tanto podemos decir que la separación de poderes tuvo su origen en la antigua democracia ateniense y se generalizó en la República Romana (magistraturas), pero no fue hasta la teorización realizada por el médico y filósofo inglés John Locke (1690) y la materialización del sistema y equilibrio de poderes de Montesquiu (la Ilustración), en su tratado “Del Espíritu de las Leyes”, que no se pusieron las bases teóricas para convertir en realidad y de manera efectiva la limitación de los poderes del estado (legislativo, ejecutivo y judicial).

La separación de poderes y el principio de elección por sufragio directo, como cualidad principal de la democracia, no se hizo realidad -teóricamente- hasta su implementación, por parte de los federalistas norteamericanos, en la constitución de los EE.UU (promulgada en 1789) como un sistema riguroso de controles a la vez que de contrapesos que debían permitir que los ciudadanos pudieran vivir en plena libertad.

Desde la lejana implementación de la separación de poderes en el articulado de la constitución norteamericana, como la auténtica base que ha de regir un sistema democrático, la mayor parte de las constituciones modernas recogieron dicho principio, pero no así la Constitución Española del 78. La actual Constitución del estado hace recaer el poder legislativo y ejecutivo en las mismas manos, al no convocarse por separado la elección de aquellos que deberían ser los representantes de estos dos poderes. Tras unas elecciones generales, en las que elegimos a nuestros representantes en las dos cámaras legislativas (senadores y diputados) serán ellos los responsables de elegir al Gobierno (poder ejecutivo), lo que lleva a que el control de las mayorías en dichas cámaras (senado, congreso) haga recaer el poder legislativo y ejecutivo en las mismas manos. Y si a esta falta de separación de poderes le sumamos el poder del Gobierno y de las cámaras en elegir a los miembros de las más altas instancias judiciales, o buena parte de ellos (CGPJ, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunales Superiores, etc.), nos encontramos con que la separación de poderes y el sistema de controles y contrapesos, teorizado por Locke y Montesquiu, podría no estarse cumpliendo en el estado español.

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Dicen que a la tercera va la vencida y así ha sido en la última petición de Adade (Asociación de Abogados Demócratas de Europa) para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fuera llamado como testigo por la Sala Penal de la Audiencia Nacional que juzga parte de la causa de la Gürtel, concretamente la pieza correspondiente a los años comprendidos entre 1999 y 2005.

Realmente es triste que citen a declarar a todo un presidente de Gobierno, por ser testigo y parte en un proceso penal sobre la financiación ilegal de su partido y los beneficios que pudieron obtener buena parte de los dirigentes de él con ello.

No debemos olvidar que Rajoy podría ser algo más que un simple testigo de esa aparente corrupción endémica del Partido Popular pues, tal como se menciona en más de un medio, “es el dirigente del PP que más veces aparece en los papeles de Bárcenas como supuesto perceptor de sobresueldos en sobres: 21 veces entre 1997 y 2008, en sucesivas entregas periódicas que totalizan cerca de 375.000 euros”. Pero no es necesario ser adivino para saber que al margen de ese supuesto mal trago por tener que declarar, aunque lo más probable es que lo haga desde la comodidad de su propio despacho por video conferencia, la cosa no pasará de ahí. En este país, como muchos otros, donde la separación de poderes es más que deficiente, con lo que el poder ejecutivo se garantiza un salvoconducto para sus miembros a través del control que ejercen a través de buena parte de la fiscalía y las más altas instancias de la judicatura, se va hacer complicado ver a un político de la primera línea, y más si es todo un presidente del Gobierno, pasar apuro alguno.

Tal vez en esta ocasión sea Rajoy el que reciba, antes de declarar ante la Audiencia Nacional, un SMS animándole, como él hizo en su día con Bárcenas, a “ser fuerte”, no fuese que le cogiera una de sus habituales pájaras metales y no atinara con su declaración, poniendo con ello en serios apuros a su partido y compañeros.

MSNoferini

Tras saberse que la Fiscalía General del Estado ordenó “no acusar al presidente de Murcia”, como pudo haber ocurrido en su día con el expresidente de La Rioja, todos los partidos de la oposición obligan a que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, comparezca en el Parlamento para explicar si dio órdenes a los fiscales en favor del PP

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El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, en compañía del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza

Recopilación de parte de la información aparecida en tres diversos medios en el día de hoy (17/02/17) que deja en evidencia la nula independencia de la Fiscalía General del Estado, pues sólo con lo hecho público, que a buen seguro no será más que la punta del iceberg, hay motivos sobrados para exigir algo más que una simple comparecencia del Fiscal General en comisión parlamentaria.

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“El fiscal general del Estado va a ser objeto de control parlamentario. No hay muchos precedentes. Pero esta vez la polémica sobre decisiones de la Fiscalía ha irrumpido con gran fuerza en el debate político, y José Manuel Maza tendrá que comparecer en el Congreso para dar cuenta de su actuación en el caso de las investigaciones contra la red Púnica en Murcia, que han llegado a afectar al presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez (PP).

Las fiscales de Murcia Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez querían actuar contra él y la Fiscalía General les dio, a través de Anticorrupción, la orden de no hacerlo.

Esta postura de Maza ha creado una gran polémica incrementada ayer ante nuevas informaciones sobre otra supuesta orden para que no se actuara contra el presidente de La Rioja en una investigación sobre una presunta prevaricación urbanística relacionada con la construcción de un chalet”. (La Vanguardia)

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“El fiscal encargado de la investigación del chalé ilegal del ex presidente de La Rioja (PP), Pedro Sanz, cambió de criterio en apenas 12 días, sin que apareciesen hechos nuevos, acerca de la necesidad de investigar si el equipo de gobierno de Villamediana de Iregua cometió un delito de prevaricación urbanística cuando aprobó un Plan que regularizó la vivienda.  Así lo atestiguan los sucesivos documentos elaborados por él. La Fiscalía General del Estado supervisó en todo momento su actuación”. (El Mundo)

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En un día como hoy tan prolífico en noticias sobre juicios y fiscales no quisiera olvidarme de la noticia que publica el diario El País:

“La fiscalía de Madrid, que encabeza José Javier Polo Rodríguez, evitó el otoño pasado que se investigara al comisario José Manuel Villarejo por blanqueo de capitales”.

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Y habiendo conocido la resolución del caso Nóos con el fallo que condena a Iñaki Urdangarín a seis años y tres meses de prisión y absuelve a su mujer, la infanta Cristina, como no recordar a ese otro fiscal que se hizo famoso por haber ejercido más de abogado defensor de la infanta que de fiscal, el mediático Pedro Horrach.

Información aparecida hace tres años en la revista Interviu.

La conclusión es obvia, en este país no existe una verdadera separación de poderes y la Fiscalía General del Estado desgraciadamente en no pocas ocasiones se ha convertido en una valiosa herramienta en manos del gobierno o poder ejecutivo.

MSNoferini

 

 

 

 

 

Democracia real ya

Estamos en un momento ciertamente difícil en el que sea por la crisis o por la mala gestión de nuestros gobernantes, o quizás por ambos motivos, son muchos los ciudadanos de este país que lo están pasando francamente mal, creando con ello un descontento general. Y la prueba de este descontento quedó clara en la multidinaria manifestación del pasado día 22. Una cifra que debería rondar el millón de personas se hicieron sentir en Madrid, aunque las cifras oficiales han querido falsear la realidad llegando a informar que el volumen de manifestantes no sobrepasaba de los 50.000.

Esta constante manipulación a la que nos vemos sometidos por nuestros gobernantes y por una buena parte de los medios de comunicación, más preocupados de servir al poder que de mantener la objetividad de la que debería hacer gala la profesión, unido a la forma en que se nos está gobernando debería hacernos plantear si España es realmente un país democrático.

Planteémonos por un momento cuales deberían ser los pilares en los que debería sustentarse toda democracia y veamos si se cumplen.

Uno de los puntos básicos de toda democracia es la separación de poderes, todo estado que se considere democrático debería evitar que el poder ejecutivo pudiera controlar o interferir en el poder legislativo y judicial.

En España hemos podido ser testigos de como el gobierno de la nación, el poder ejecutivo, está modificando el ordenamiento jurídico, las leyes, a golpe de Real Decreto gracias a que al contar con mayoría absoluta en el Parlamento, congreso y senado. Ya son unas cuantas las leyes aprobadas por el Partido Popular con carácter de urgencia y que no han contado con el respaldo de ninguna otra formación política.

Y si hablamos del poder judicial nos encontramos que todo gobierno de mayoría contará con una clara ventaja a la hora de la elección de los miembros de las más altas instancias judiciales, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. La ley otorga la responsabilidad de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (que son los encargados de proponer y elegir a algunos de los presidentes de sala del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia y dos miembros del Tribunal Constitucional), a las dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado.

Pero el poder de interferir de manera directa en la justicia, al margen de legislar a conveniencia, no solo se encuentra en el nombramiento de los miembros de los altos tribunales ya que como en la mayoría de países es el estado el que controla la fiscalía. Un órgano judicial que en los últimos tiempos parece cada vez tener menor independencia y trabajar más en beneficio del gobierno.

Tampoco deberíamos olvidarnos que cuando la justicia condena al alguien el poder ejecutivo dispone de un último recurso para enmendarle la plana al poder judicial, el indulto. Una solución democrática nacida para darle solución a aquellas injusticias que se pudieran dar en determinados casos en el ámbito judicial, pero que parece haberse convertido en la válvula de escape de algunos poderosos condenados por delitos de guante blanco.

Pero mi percepción de falta de democracia no sólo se sustenta en la separación de poderes, ya que para muchos la idea de democracia que tenemos es la de un sistema participativo, y este considero que debería ser el segundo pilar de obligado cumplimiento en un auténtico gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿Por qué realmente es democrático depositar una lista de individuos en una urna cada cuatro años y confiar en que cumplan el programa presentado previamente a las elecciones?

Votamos a unas listas cerradas de individuos de las que no podemos excluir a ninguno de ellos, gusten o no, y las únicas vías que supuestamente se nos deja para participar a la hora de tomar decisiones o intentar modificar aquello que consideremos injusto es el referéndum y las Iniciativas Legislativas Populares.

En cuanto al tema de refrendar ante la ciudadanía aquellos temas que pudieran ser considerados de capital importancia en este país, desde la restauración de la democracia, sólo se ha dado en dos ocasiones, a la hora de decidir si entrabamos en la OTAN y cuando se pidió el refrendo de la población sobre la constitución europea.

Y si hablamos de ILP nos encontramos que de todas las que se han presentado a trámite, después de que algunos ciudadanos se hubieran esforzado a recoger las 500.000 firmas que la ley exige, sólo una ha prosperado. Siendo la gran mayoría rechazadas o lo que es lo mismo, acabaron en el cubo de la basura.

El tercer pilar básico que entiendo yo que debería tener todo estado democrático es el del respeto por los derechos y libertades más fundamentales, algo que para desgracia e indignación nuestra se están recortando, ya no sólo es una cuestión de unas peores pensiones, sanidad o educación sino unos recortes que nos retroceden a otras épocas no muy lejanas. Hemos visto como perdíamos una parte importante de nuestros derechos laborales, como no se ponía remedio al gran volumen de casos existentes de desahucios, con la aquiescencia de la propia administración, cuando la propia constitución garantiza el derecho a la vivienda, como se quiere limitar el derecho al aborto, y de ser aprobada la ley de seguridad ciudadana nos encontraríamos con el importante menoscabo de derechos tan básicos como el de reunión y manifestación.

Visto lo expuesto y teniendo en cuenta la forma en la que se está legislando beneficiando a quienes más tienen en detrimento de esa gran mayoría más necesitada. Una mayoría que ha visto como ante problemas tan acuciantes como el desempleo, la falta de recursos, la imposibilidad de hacer frente al gasto de su vivienda y un largo etcétera, poco se ha hecho por parte de quienes nos gobiernan o se han tomado decisiones que lejos de paliar tales injusticias las han perpetuado. Por lo tanto ¿creen ustedes que vivimos en democracia? Yo tengo clara mi respuesta, y esta es “NO”.

MSNoferini

La democracia.