Posts etiquetados ‘justicia’

Quiero pedir disculpas por haber tardado tanto tiempo en escribir estas líneas, ya son muchos los días que han pasado desde que se hizo pública (22/10/2014) una vergonzosa noticia, una de esas noticias que hacen sentir vergüenza del sistema judicial de este país, la revocación por parte de la Audiencia Provincial de Madrid de la sentencia que obligaba a la farmacéutica Grünenthal a indemnizar, después de 57 años, a los afectados españoles por la Talidomida.

Un mazazo judicial con el cual se evaporada la indemnización para los afectados por ese criminal fármaco comercializado por la farmacéutica alemana Grünenthal. La Audiencia Provincial del Madrid ha anulado la sentencia de primera instancia que había condenado a la farmacéutica a pagar 204 millones de euros a 180 víctimas del uso de esta medicina durante sus gestaciones. Los magistrados consideran que el delito está prescrito.

Los afectados alemanes fueron indemnizados hace ya 43 años pero los afectados españoles les va a tocar seguir batallando en el Tribunal Supremo para conseguir la satisfacción de que se les reconozca la causa de sus malformaciones y una indemnización, aunque está claro que el dinero nunca podrá enmendar el sufrimiento de los afectados.

La justicia vuelve a equivocarse y los poderes políticos tampoco hacen nada por dar apoyo a los españoles que decidieron luchar contra este intocable Goliat del sector farmacéutico. Pero cómo va a ponerse nuestro gobierno al lado de esos desgraciados y deformes ciudadanos para atacar los poderosos intereses de una importante farmacéutica y más cuando esta es alemana. Un capítulo más de las múltiples injusticias que se dan en este país.

MSNoferini

Talidomida

Anuncios

Hoy ha habido un nuevo y sangrante caso de injusticia social, el desahucio de una anciana de 85 años de su casa en Vallecas (Madrid), y todo porque la buena mujer se le ocurrió hacer la algo tan arriesgado en este injusto país como avalar a su hijo en un préstamo de 70.000 euros. El respaldo de sus vecinos y de los miembros de la PAH no han bastado para evitar su desahucio, en el que han estado presentes una gran cantidad de miembros de las fuerzas del orden y siete furgonetas antidisturbios.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid ha criticado que todo este proceso “está lleno de irregularidades y cláusulas abusivas” y que “nadie de la familia le informó de nada” de lo ocurrido a Carmen, que hace pocos meses se enteró a través de una notificación judicial.

La anciana, que lleva varias décadas viviendo en la casa, cobra la pensión mínima y tiene varios problemas de salud, teniendo en cuenta su edad. A pesar de ello, y tras una prórroga de un mes, el juez ha firmado la ejecución de dicho desahucio, que se ha ejecutado hoy.

MSNoferini

Desahucio en Madrid 2

Si el pasado año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó clara constancia que la legislación española vulneraba claramente la normativa comunitaria en lo relativo desahucios, al no garantizar a los ciudadanos de nuestro país los derechos y la protección adecuada contra las famosas cláusulas abusivas de las hipotecas, ahora es el abogado general del mismo tribunal, Nils Wahl, quien recuerda a los jueces sobre su obligación de anular, tal como está contemplado en la legislación europea, toda cláusula abusiva con la que se puedan encontrar en los casos de desahucio.

Desde Europa nos vuelven a dar un toque de atención ante los abusos cometidos por las entidades financieras y de paso ante la indolencia del ejecutivo español, quien poco sensible al drama de los desahucios aun no ha decidido legislar y proteger a su ciudadanía como debiera de tanta injusticia –porque la ley 1/2013 del 14 de mayo a demostrado ser un apaño, o más bien una burda estrategia de maquillaje político, que deja demasiados problemas sin resolver–.

MSNoferini

Clausulas abusivas en desahucios

Artículo aparecido en el Periódico de Catalunya en el día de hoy (17/10/2014).

¿Quién controla la justicia?

Publicado: agosto 5, 2014 en Uncategorized
Etiquetas:, ,
image

Al margen de ser elegidos de una manera arbitraria, sin ser propuestos ni contar en algunos casos con la aprobación de las principales asociacionea de jueces, nos encontramos con que algunos de los juristas elegidos por uno u otro partido han sido afiliados a ese partido político.

En más de una ocasión expresando mi opinión sobre la mala salud de nuestra democracia he hecho mención a la inexistente separación de poderes. La separación de los tres poderes del estado es un principio básico de cualquier estado democrático. El poder ejecutivo de un país no debería controlar ni interferir en los poderes legislativo y judicial, aunque está claro que en un país como el nuestro, donde el ejecutivo y las dos cámaras de representación se eligen de una sola vez, toda formación política que obtenga en unas elecciones generales una mayoría absoluta va hacerse con el control del poder ejecutivo y el legislativo. ¿Pero que ocurre con el poder judicial?

El poder judicial en España, como en casi todos los países, tiene una configuración piramidal en la que los principales órganos de la judicatura y los que ocupan la parte superior de la pirámide son los encargados de velar por nuestros derechos y resolver en última instancia cualquier procedimiento que pueda requerir de su intervención. Los dos tribunales de mayor rango en este país son el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, siendo este último el encargado de resolver cualquier recurso de amparo por la posible vulneración o mal interpretación en instancias inferiores de aquellas normas y derechos contemplados en nuestra constitución, la que se considera como la ley de mayor rango de todo país.

¿Y quién elige a los miembros de estos dos importantes tribunales y quién controla su actuación?

La constitución española otorga el control de la justicia en España al Consejo General del Poder Judicial y es este órgano y las dos cámaras de representación, Senado y Congreso, las que eligen a los miembros que los formarán.

¿Y quiénes integran este, en teoría, órgano de gobierno de la justicia? ¿Y quién elige a sus miembros?

Nuestra Constitución en su artículo 122 regula el Consejo General del Poder Judicial dejando claro el número de sus miembros y la forma de su elección:

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

En el año 2001 se hicieron importantes modificaciones en el CGPJ como el sistema de elección de los doce de los veinte miembros que eran elegidos hasta la fecha por el CGPJ, otorgando esta competencia al igual que los ocho restantes a las dos cámaras, senado y congreso, (Ley Orgánica 2/2001 que vino a modificar en lo referente al sistema de elección de los miembros del CGPJ la Ley Orgánica 6/1985), quedando su elección de la siguiente manera:

De los 12 miembros que deben ser Jueces o Magistrados, son elegidos 6 por el Congreso y 6 por el Senado, de entre una lista de 36 candidatos propuestos por las asociaciones de jueces o por jueces no asociados.

Pero no contentos con la forma de elección de estos doce de los veinte miembros del CGPJ el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, planteó un anteproyecto de ley para modificar el sistema de elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial de manera que los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces fueran designados directamente por el Parlamento, sin elecciones previas en la carrera judicial. Todo ello contradiciendo una anterior propuesta suya y de su partido, criticada por muchos, según la cual deberían ser los propios jueces quienes eligieran directamente a 12 de los 20 miembros del Poder Judicial, propuesta que el PP llevaba en su programa electoral.

Modificación que se hizo efectiva con la nueva ley orgánica poder judicial: Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial

La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial levantó ampollas entre las dos principales asociaciones judiciales de este país al considerar, con razón, que “se pretende subordinar el Poder Judicial al Poder Ejecutivo’

Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados han expresado, en declaraciones a Efe, su rechazo absoluto. La Asociación Profesional de la Magistratura considera que el anteproyecto es un “ataque gravísimo” a la independencia judicial y vaticina que el Poder Judicial acabará convirtiéndose “en una Dirección General”.
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) opina que “pretende subordinar el Poder Judicial al Poder Ejecutivo” e intenta “limitar la división de poderes”, por lo que será perjudicial para la independencia judicial.

La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial acabó de restar competencia y autonomía al CGPJ subordinándolo totalmente al poder ejecutivo lo que permite al gobierno tener un control efectivo de los importantes nombramientos cuya competencia continua recayendo en este órgano. Competencias como la elección de:

a) Dos de los doce miembros del  “Tribunal Constitucional de España” Tribunal Constitucional, los otros diez ya los elige el poder ejecutivo (dos) y legislativo (ocho).

b) Los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, así como los Presidentes de los  “Tribunales Superiorer de Justicia de España” (Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas).

c) El Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal o Tercera de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del  “Centro Nacional de Inteligencia” CNI que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución española, así como la del Magistrado de dichas Salas del Tribunal Supremo que lo sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad.

Si tenemos presente como han sido elegidos los integrantes del CGPJ, y más tras la reforma de la ley orgánica, la poca autonomía con la que contaba y cuenta el CGPJ a la hora de elegir algunos de los miembros que configuran las más altas instancias de la justicia de este país, más el control que el ejecutivo ha tenido siempre sobre la Fiscalía General del Estado y la potestad que se le da al Ministerio de Justicia para poder indultar de manera arbitraria podemos afirmar que el poder judicial no cuenta con la independencia que se le debería suponer a la justicia de un país democrático.

MSNoferini

 

Imagen

¿Qué ha de pensar la ciudadanía cuando los ladrones de guante blanco, que tanto abundan en la política así como en la banca, pocas veces son juzgados y mucho menos condenados pero las diferentes causas contra huelguistas, que hay abiertas en estos momentos en los juzgados, suman peticiones de cárcel de más de 120 años?

Pues a la vista de estos hechos se entiende que el clima de crispación siga en aumento y la confianza en las instituciones siga el camino inverso. Según un artículo aparecido en el día de ayer en el País cerca de 300 trabajadores se enfrentan a su posible entrada en prisión y elevadas multas por su participación en diferentes conflictos laborales. Datos que incrementan la percepción de que la justicia utiliza un doble rasero en función de quien es la persona a juzgar.

Pero si la justicia a través de algunas sentencias se ha demostrado excesivamente contundente a la hora de juzgar algunos hechos, cuyo origen podría estar en conflictos del ámbito laboral (como también en algunos otro ámbitos), tampoco habría que olvidarse de la contundencia de algunos medios de comunicación demasiado dados al sensacionalismo o incluso a la distorsión de la realidad que podrían llevar con su visión partidista y poca ética a retroalimentar unas sentencias más contundentes y una excusa perfecta para endurecer la legislación, tal como reclaman algunos sectores y desea hacer nuestro ejecutivo con leyes más restrictivas como la famosa ley de seguridad ciudadana.

Leyendo el artículo del País, el cual le pone nombre y cara a algunos de los casos ya  juzgados o pendientes de sentencia, podemos hacernos una clara idea de las múltiples injusticias que se han cometido y de nuevo ponen en evidencia algunas carencias democráticas impropias de un estado de derecho donde en lugar de intentar evitar los problemas actuando en su fuente se prefiere condenar a quienes no están dispuestos a dejarse pisotear, endurecer leyes y limitar derechos (como la propuesta que la patronal y algunos sectores piden respecto al derecho de huelga).

MSNoferini

Imagen

Que la prensa de este país es en demasiadas ocasiones poco objetiva y está sometida al color político del grupo editorial al que pertenezca es algo que la gran mayoría tenemos asumido. En función de la ideología que rige el enfoque editorial de algunos periódicos hay noticias que se omiten, se manipulan o se les da una mayor o menor transcendencia informativa, y eso es lo que ha venido pasando con la detención, juicio y absolución de los 40 jóvenes a los que se les había acusado de pertenecer a SEGI, la supuesta cantera de ETA.

Desde luego es totalmente ilógico que a la siguiente noticia no se le haya dado, por una buena parte de los medios, la importancia que debería tener, y que pone de manifiesto lo anteriormente expuesto: “La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a 40 acusados de pertenecer a la rama juvenil de ETA, SEGI, que se enfrentaban a penas de entre seis y doce años de cárcel por integración en organización terrorista. El tribunal ha considerado que no pertenecían a esta organización sino a la plataforma Gazte Independendistak, que no está vinculada la banda terrorista y a la que no se relaciona con actos de violencia callejera”.  Qué decir de los mismos medios si buscamos en las hemerotecas la información relativa a la detención de estos cuarenta jóvenes y del inicio de su juicio en la Audiencia Nacional. Pues si nos fijamos simplemente en los titulares nos encontraremos con algunos grandes titulares destacados como: “La cantera de ETA en vías de extinción”, “La cantera de ETA al banquillo de la Audiencia”. Lo que deja en clara evidencia la peligrosa subjetividad de algunos medios de información y que para muchos descerebrados no existe la presunción de inocencia (o quizás sí si el detenido y acusado es miembro de la poderosa derecha española).

Pero si toda la sucesión de noticias iniciada con la detención de esos jóvenes y con su reciente absolución deja retratados, por su poca profesionalidad, a una gran mayoría de medios nacionales también pone de manifiesto algo mucho más grave, España parece haberse convertido en un estado policial con unas peligrosas carencias democráticas.

Día tras día hemos sido testigos de cómo parte de la ciudadanía ha venido tomando las calles, para dejar patente su total rechazo a las nefastas políticas que se están haciendo y a la difícil situación en la nos encontramos o para reivindicar su derecho a poder decidir sobre su futuro, estando siempre presentes un amplio dispositivo de fuerzas policiales, unas fuerzas policiales que en más de una ocasión se han empleado con una especial contundencia (por no decir excesiva). Las fuerzas del orden parecen ser más contundentes, la fiscalía del estado es cada vez más inquisitiva y vehemente, y una parte de la judicatura es excesivamente severa. Lo que unido a algunas leyes excesivamente coaccionadoras, por no hablar de algún anteproyecto de ley como el de seguridad ciudadana, le dan a uno la impresión de vivir en tiempos pretéritos donde la democracia brillaba por su ausencia.

 Y mientras los habitantes de este país vivimos en una situación cada día más precaria, un selecto grupo de personas (empresarios y políticos) viven mejor que nunca, respaldados por los cuerpos de seguridad (convertidos en algo así como en su personal guardia pretoriana), las altas instancias judiciales (fiscalia y CGPJ) e incluso por algunos medios de comunicación sobre los que parecen tener un total control, utilizándolos y doblegándolos a conveniencia. Una casta de acomodadas personas a las que les deberíamos reconocer su responsabilidad en la degradación que han sufrido nuestros derechos, nuestra calidad de vida y lo que es más importante “nuestra democracia”.

MSNoferini

Imagen

A ver si comenzamos a dejar de identificar a los nacionalistas vascos ”abertzales” y a los que defienden su derecho a decidir como a terroristas. Un ejemplo reciente lo tenemos incluso en unas declaraciones de Pablo Iglesias que le han llevado a ser tratado por algunos medios como un terrorista más.

ventanilla 4

En el día de hoy teníamos conocimiento que la Defensora del Pueblo ha pedido a la Agencia Tributaria que permita a los ciudadanos la presentación de las liquidación del IVA en papel, dado el gran número de quejas presentadas por los ciudadanos. Las denuncias contra el nuevo sistema provienen de ciudadanos que no están en condiciones por no contar con ordenador o les resulta muy difícil hacer estos trámites por su edad o por el pequeño volumen de su negocio o trabajo, lo que les obliga a costear los servicios de un tercero para cumplir con su obligación fiscal.

Nuestro Gobierno se ha propuesto implementar con la mayor celeridad posible el uso de las nuevas tecnologías, supuestamente para rebajar costes y optimizar los cada día más escasos recursos humanos dentro de la Administración Pública o quizás con otros fines más oscuros como trabajar para la privatización de parte de estos servicios. Lo que está llevando a limitar el derecho a que la ciudadanía pueda acudir a las diversas Administraciones Públicas y hacer sus trámites de manera presencial, dejándoles únicamente la vía telemática o bien cuando el ciudadano se ve incapaz de utilizar dicha tecnología recurriendo a profesionales, con el coste que esto puede presentar.

También he tenido conocimiento de que la Tesorería General de la Seguridad Social, de la provincia de Barcelona, ha dado órdenes a sus oficinas de negar la gestión presencial a particulares y profesionales, de todas aquellas gestiones que estén disponibles a través de la Sede Electrónica de su página Web. Una vergüenza que poco va a hacer a favor de la imagen que los ciudadanos de este país van a tener de la Administración Pública, y que probablemente atente contra la legalidad al no tener ninguna base jurídica.

Una injusticia más a soportar por los cada día más mal tratados ciudadanos de este empobrecido país llamado España.

MSNoferini