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Según parece podríamos estar viviendo el epílogo del largo y dramático serial de fraude y explotación laboral que durante más de veinte años ha tenido como escenario el tristemente célebre matadero Le Porc Gourmet.

Hace apenas dos días supimos que el Departament de Treball, CC.OO y el Grupo Jorge (propietario del matadero) daban por cerrado el acuerdo que debería permitir que de una vez para siempre este poderoso grupo empresarial dejara de tener externalizada la casi totalidad de su plantilla, a través de falsas cooperativas, para asumir la contratación de esta.

Una aparentemente muy buena noticia, y más si en el acuerdo se contempla la readmisión de todas y todos aquellos trabajadores que en su momento perdieron el trabajo para no someterse al chantaje impuesto desde la misma empresa y sus cooperativas para aceptar su traslado a otra nueva con sede lejos de Catalunya.

Aplaudo el acuerdo, pero -y este “pero” tiene mucho que ver con la poca información que se ha hecho pública sobre el acuerdo, como se gestó y la negativa del otro sindicato que en su momento fue invitado a la negociación (UGT) a suscribirlo- no se le ve ninguna lógica que desde “la administración” -en este caso el Departamento de Trabajo- se acepte o pudiera aceptar las exigencias impuestas desde la empresa en contrapartida al cierre del referenciado acuerdo.

Por lo que hemos podido saber, la aceptación de la “laboralización” de toda la plantilla podría venir supeditada a la concesión a la empresa titular del matadero de unos permisos de obra y ampliación, los cuales hasta hoy no le habían sido concedidos, y tal vez, como se puede leer en el comunicado hecho público por UGT sobre los motivos de no adherirse al acuerdo, al archivo o “suavización” del todavía pendiente “acta de infracción” de la Inspección de Trabajo, organismo dependiente del Departament de Treball, que podría ascender a la escalofriante cifra de 40 millones de euros.

De ser cierta la concesión de ciertas prebendas hacia una empresa que ha venido demostrando un total desprecio hacia los derechos de los trabajadores externalizados estaríamos ante unos hechos de una gravedad extrema, dado que el cumplimiento de la ley y la labor de la Inspección de Trabajo no pueden verse minorados en ningún caso, por muy poderosa que sea en este caso la empresa o grupo empresarial. Y dicho esto -a pesar de las dudas que tengo sobre que pasará si no se desbloquean los permisos y la Inspección de Trabajo cumple con su obligación- vuelvo a reiterar mi alegría por el millar largo de trabajadores/as que se podrían verse beneficiados, así como por el precedente que se puede crear, y que espero y deseo que sea imitado por otros mataderos que tenemos en nuestro país.

MSNoferini

Comunicado Ugt recortado

http://www.elsetembre.cat/noticia/560/acord/le/porc/gourmet/bona/noticia/pero

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Hace ya muchos años que trabajo para la administración general del estado, lo cual no quiere decir que comparta la forma y criterios bajo los que se trabaja, y mucho menos normas y legislación.

No me gusta la negación de servicios presenciales, buscando con ello en no pocos casos la privatización de servicios o la amortización de puestos de trabajo, pues entiendo que la principal obligación de toda administración pública es la de dar servicio, el mejor servicio, a la ciudadanía. Y es por ello que el uso de los medios telemáticos para interactuar con la administración debería ser siempre un derecho y no una obligación, como ocurre actualmente.

Un ejemplo muy claro sobre esa desatención presencial la tenemos en cualquier trámite de autónomos (alta, bajas, cambios de domiciliaciones, notificaciones, etc.), e incluso en trámites tan simples como podrían ser la obtención de una vida laboral o de nuestro número de afiliación.

Cuando un/a joven se le oferta su primer trabajo y careciendo de número de afiliación se acerca a una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social se encontrará con la obligación de hacerse un certificado digital y gestionar la obtención de su número de afiliación de manera personal y telemática, lo cual al final le da más trabajo a la administración que si fuera gestionado desde sus propias oficinas, y con la incongruencia que en la carta de servicios que ofrece la propia TGSS, la cual está a disposición del público, se informa que dicho trámite se puede realizar de manera presencial.

Pero esto que acabo de exponer en cierta manera no es más que algo simplemente anecdótico, si lo comparamos con la forma en que desde el mismo organismo se trata y trabaja temas de una mayor importancia (gestión de reclamaciones, deudores, lucha contra el fraude).

Quien escribe esto, que ustedes pueden estar leyendo, hace ya unos cuantos años que viene denunciando el fraude del falso cooperativismo en el sector cárnico. Un fraude que, al margen de repercutir en perjuicio de los derechos de miles de trabajadores/as, supone una millonaria merma en la recaudación de la Seguridad Social. Millones de euros que se pierden por el camino dada la notable diferencia que supone cotizar en el régimen de autónomos (29,90% de la base mínima en la mayoría de casos) a hacerlo en el régimen general respetando las tablas salariales contempladas en los diferentes convenios. Para que nos podamos hacer una idea sobre las elevadas cifras de este fraude que mejor que usar un ejemplo.

Según los cálculos hechos sobre el matadero Le Porc Gourmet, con cerca de mil trabajadores externos a través de las ya mencionadas falsas cooperativas, la diferencia de cotización entre el régimen general (cuota patronal + cuota obrera), cogiendo como referencia las bases de cotización resultantes de aplicar los salarios mínimos establecidos en el convenio cárnico, a la hecha en el régimen de autónomos en base mínima (932,70€) daría como resultado un diferencia a favor de la administración de más de 4 millones de euros anuales. Por lo que uno debería preguntarse ¿cómo puede ser que durante más veinte años la administración del estado ha venido consintiendo este abultado fraude?

Hace ya más de dos años que la plataforma Càrnies en Lluita comenzó su lucha contra la precariedad laboral, la externalización y el fraude del falso cooperativismo que se venía dando en el sector cárnico, intentando de un tiempo a esta parte que como mínimo se comenzara a respetar y cumplir los cambios introducidos el 28/03/2017 por el Parlament de Catalunya en la “ley catalana de cooperativas” –ya que son muchas las cooperativas que la están incumpliendo y poco se está haciendo para obligar a su cumplimiento-, según los cuales las condiciones laborales de los trabajadores de estas cooperativas debían ser las mismas que las contempladas en los convenios colectivos del sector donde prestaran servicio. Y fue esta lucha y reivindicación de muchos/as de los trabajadores/as del macromatadero Le Porc Gourmet, externalizados a través de dos cooperativas (CLAVIAL y TAIC), lo que motivó que la empresa decidiera ir rescindiendo los contratos que les unía con estas cooperativas. Y fruto de estas rescisiones contractuales se inició una campaña de presiones a los trabajadores para que, en el caso de quienes estaban trabajando para TAIC, aceptaran su traslado a una nueva cooperativa (AUGA SCCL) con sede en Galicia, para tal vez con ello intentar burlar la ley catalana, lo que no aceptaron cerca de 80 trabajadores/as.

La no aceptación por parte de estos trabajadores de su traslado (baja y alta) a una nueva cooperativa, o dicho de otra manera “la no aceptación del chantaje planteado por la propia empresa”, motivó que TAIC SCCL decidiera prescindir de dichos trabajadores pero intentando colar sus bajas como ceses voluntarios sin ningún tipo de indemnización, como es habitual en el caso de las bajas de cualquier cooperativista, a lo que dichos trabajadores se negaron, pues a fin de cuentas tras años trabajando para el matadero Le Porc Gourmet se consideraban y consideran parte de esa empresa y no una moneda de cambio sometida a los caprichos de la cooperativa de turno. Lo que al final ha llevado a todos estos trabajadores/as, a la espera que la Inspección de Trabajo se pronuncie, a estar en un limbo en el que cooperativa y empresa se han desentendido de ellos, pero sin haber perdido su condición de trabajadores o falsos cooperativistas, lo que les representa no tener ingreso alguno y que cooperativa o empresa no se hagan cargo del pago de sus cuotas de autónomos con la Seguridad Social y a estar mal viviendo gracias poco menos que a la caridad, al tiempo que van acumulando una deuda con la Seguridad Social que les está llevando a muchos de ellos/as a ver embargadas sus cuentas corrientes y/o vehículos, así como en algunos casos a perder el derecho a cobrar sus bajas de I.T por impago de sus cotizaciones.

Ante la situación expuesta se ha elevado consulta ante la TGSS para como mínimo intentar trasladar la deuda, y así facilitar su cobro, a la falsa cooperativa TAIC, dada su “responsabilidad civil SOLIDARIA”, pero ante la sorpresa general se ha informado que cualquier solicitud al respecto sería denegada.

Al final, tras el largo camino ya recorrido, nos encontramos con un número elevado de trabajadores en una situación muy complicada y precaria, la administración presionando a la parte más débil y con pocos resultados recaudatorios, y esperando a que tras meses de inspecciones en el matadero Le Porc Gourmet se resuelva de una vez la acta de infracción de la Inspecció de Treball o esa negociación opaca y fantasmal capitaneada por el Departament de Treball de la Generalitat, en la cual ni siquiera está presente un representante elegido por los trabajadores, ya que desde el mencionado departamento de la Generalitat se les permitió a CC.OO y UGT arrogarse dicho papel sin haberse sometido a consulta entre trabajadores y trabajadoras a los que supuestamente están representando, y sin que hubiera existido el menor contacto previo entre la asamblea de los trabajadores/as y ellos.

Esta es la situación actual en este aparentemente interminable drama de la explotación laboral en el matadero Le Porc Gourmet y el fraude del falso cooperativismo. Espero haber sabido explicar cuál ha sido el papel de las administraciones públicas, tanto estatal como catalana, en esta historia, donde unos pocos se han enriquecido con el sufrimiento de muchos mientras esas mismas administraciones y quienes fueron elegidos en su día por el pueblo para gestionarlas poco o nada han hecho para evitarlo.

MSNoferini

Cuando decimos, quienes llevamos tiempo haciendo visible y trabajando contra la explotación laboral y el falso cooperativismo que se da en la industria cárnica porcina, lo difícil que es luchar contra ciertas todopoderosas empresas del sector no lo decimos gratuitamente. Piensen ustedes que la subrogación a través de empresas externas, principalmente falsas cooperativas, de la mayor parte de los servicios y áreas de los mataderos más grandes de este país, para con ello reducir los grandes costes que conlleva la contratación de trabajadores, ya lleva más de veinte años dándose. Más de veinte años retorciendo la ley o cometiendo un fraude de ley sin que las administraciones se hayan atrevido nunca a poner el ojo o tocar a las empresas más grandes e importantes del sector, como podría ser el aragonés Grupo Jorge, propietario del tristemente célebre matadero Le Porc Gourmet, dónde la explotación laboral que se da en sus instalaciones por parte de las cooperativas que operan en ellas es una triste realidad.

Y una prueba de este poder que le atribuimos a una empresa del sector cárnico porcino como es el Grupo Jorge y lo bien relacionada que está, lo cual podría dar respuesta a algunos interrogantes del porqué de la desidia de las administraciones a la hora de hacer cumplir la ley, la tenemos en el sorprendente fichaje, realizado por parte de dicho grupo empresarial, para llevar las funciones de portavoz y asesor legal, y ese no es otro que Francesc Xavier Sánchez Vera, exresponsable de estrategia judicial de CDC y hombre de confianza del expresident Artur Mas, quien le confió la coordinación de la extinta Convergència y la preparación del congreso fundacional del nuevo PDECat.

Casualmente este próximo 3 de mayo Francesc Sánchez deberá personarse en el Juzgado del Vendrell, que instruye el “caso del 3%” por el presunto pago de comisiones ilegales a la antigua CDC, para declarar como investigado (imputado), junto al director del puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y al ex concejal de CiU en Barcelona, Antoni Vives.

MSNoferini

Pinchar: Enlace del artículo publicado por la Cadena Ser sobre Francesc Sánchez y su supuesto papel en la trama del 3%

Este pasado domingo se produjo un nuevo capítulo en ese aparentemente eterno culebrón de abusos y conflictos que desde hace años se viene dando en la comarca de Osona (Barcelona) entre el macromatadero Le Porc Gourmet (Grupo Jorge), las falsas cooperativas que le aportan la mayor parte de la plantilla y los trabajadores.

Tras la soberana decisión de los trabajadores de la cooperativa Clavial, en asamblea realizada el pasado mes de diciembre, de modificar su encuadramiento en el régimen de cotización de autónomos al régimen general, dadas las ventajas de este cambio en el reconocimiento de unos mayores derechos y protección social, y ratificada en una nueva asamblea convocada el 20 de abril –a instancias de quienes dirigen la cooperativa en un desesperado intento por alterar la decisión tomada por sus trabajadores–, la empresa Le Porc Gourmet optó por no renovar el contrato que le vinculaba con Clavial, supongo que por un posible aumento de los costes del contrato con la cooperativa, no permitiendo el acceso a las instalaciones del matadero a los trabajadores que no aceptaran firmar un cambio a otra cooperativa más cercana a sus intereses, Oficicat SCCL.

Ya llevamos más de veinte años aguantando los excesos de algunos de los mataderos de Osona, donde los trabajadores hace tiempo que fueron despojados de toda humanidad para convertirse en meras herramientas cedidas a través de un buen número de falsas cooperativas, las cuales aportan la mayor parte de los recursos humanos, y todo ante la reprobable desidia de las administraciones públicas (en este caso estatales y catalanas).

Algunos ya hace años que venimos denunciando el beneficio que les reporta a las empresas que subcontratan a través de cooperativas sus trabajadores en lugar de tener que contratarlos directamente. Pensemos que sólo en cotizaciones de la cuota patronal el ahorro de estas empresas es millonario, para perjuicio de todos, dada la abultada cantidad de dinero que se deja de ingresar en las arcas públicas a causa este fraude de ley de los falsos autónomos cooperativistas (60 millones anuales y más de 562 millones si le sumamos el fraude de los TRADE). Sin olvidar las penosas condiciones laborales y la escasa protección social que vienen teniendo buena parte de los trabajadores a causa de su inscripción en el Régimen de Autónomos y no tener un convenio colectivo de referencia.

Ya ha pasado más de un año desde que se aprobara por parte del Parlament la modificación de la Ley Catalana de Cooperativas, la cual supuestamente debía permitir mejorar la situación y condiciones de los miles de trabajadores de estas falsas cooperativas, equiparándolos a los trabajadores contratados en el sector donde presten sus servicios, sin que la mayor parte de estas cooperativas la estén cumpliendo.

Los hechos nos están demostrando que al final toda solución requerirá necesariamente de la implicación de las administraciones, pues tal como se ha puesto en evidencia con el caso Le Porc Gourment por mucha voluntad que algunas de estas falsas cooperativas tengan de querer cumplir con la ley, si las empresas que subrogan los servicios de sus mataderos se pueden permitir el rescindir los contratos suscritos con ellas para suscribirlos con otras nuevas más cercanas a sus intereses poco o nada se va a conseguir.

Pasan los años y lamentablemente la solución no llega, para perjuicio de un buen número de trabajadoras y trabajadores, y mientras buena parte de la ciudadanía parece mirar hacia otro lado habiendo olvidado por completo lo que es la solidaridad y la lucha social y de clases.

Si usted, amiga o amigo lector, es de los que poco le importa el tema y de las o los que miran hacia otro lado le doy las gracias por haber perdido algunos minutos de su valioso tiempo en leer este artículo, y ya puede volver a sus quehaceres diarios dándole la espalda a quienes están sufriendo este nuevo tipo de esclavitud, total qué importa lo que les pase a unas miles de personas, y más si la mayor parte de ellas no son de nuestro país sino de lejanas tierras en las que en no pocos casos ya están acostumbradas a la explotación laboral y a ser presa de las mafias.

MSNoferini

Hace pocos días la Federación Empresarial de Carns i Industries Càrnies (FECIC) hacía pública una circular en la cual se informaba de la reunión mantenida en Madrid con responsables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para tratar sobre el tema de “la utilización de Cooperativas de Trabajo Asociado en las empresas del sector”.

En esa reunión estuvieron presentes diversas asociaciones del sector cárnico y alimentario, así como importantes cargos en el Ministerio, como la Responsable de la Inspección Especial, el Director General de la Inspección y el Director General de Empleo.

La propia circular recoge como el Director General de la Inspección resaltaba la excepcionalidad de la reunión, dado que “no se acostumbra a mantener reuniones con empresas o entidades que están sujetas a proceso de inspección”, lo que podría presuponer un trato de favor y un peligroso precedente de cara a futuras intervenciones de la Inspección de Trabajo en otros sectores o con otros colectivos.

Según podemos leer, el Director General de toda un Inspección de Trabajo informó a los asistentes a la reunión que el Ministerio de Empleo lamentablemente no se cuestiona el tan extendido modelo empresarial en el sector cárnico de subcontratar con cooperativas (falsas en su mayoría) la gestión, total o parcial, de las diferentes áreas de las empresas a través del personal cooperativista, lo que lleva a no pocas empresas con un gran volumen de producción y facturación a no tener apenas plantilla en nomina.

Afortunadamente, “como mínimo”, los representantes del Ministerio “asumen las conclusiones” de la Inspección en el excepcional caso de Servicarne SCCL (ya que es el único caso del que tengo constancia en Catalunya del levantamiento a una cooperativa de una Acta de Infracción), y por tanto “procede considerar a todos los trabajadores (cooperativistas) como trabajadores por cuenta ajena, incorporándolos con efecto retroactivo a la plantilla” de la hasta ahora falsa cooperativa.

Es curioso leer como la Inspección invitó a las empresas cárnicas a normalizar su situación irregular; pues de no hacerlo “iniciará los expedientes de liquidación, con la correspondiente Acta de Infracción”. Lo que debería llevar a preguntarnos: ¿puede la administración general del estado, ante tantas infracciones cometidas en el sector cárnico, mostrar una total laxitud en el cumplimiento de su deber, esperando con ello encontrar una salida que les evite cumplir con su responsabilidad, confiando en que ciertas empresas acepten sin más comenzar de una vez a respetar la ley?

Lo cierto es que la circular deja en muy mal lugar a la Inspección de Trabajo y a su Ministerio, o a los altos cargos que estuvieron presentes en la reunión, pues incluso podemos leer en el apartado de “CONCLUSIONS” que “el Ministerio se ha mostrado dubitativo, en el sentido de que necesita unas semanas para adoptar decisiones y que las inspecciones solamente pretendían obtener la opinión de las empresas inspeccionadas”.

¿A caso la Inspección de Trabajo se ha convertido en un simple órgano mediador y/o usa una doble vara de medir en función de quién incumple la legislación laboral? ¿Consentiríamos que la justicia apercibiese a quien hubiera podido cometer ciertos delitos o faltas, supeditando todo el proceso judicial a un acuerdo entre las partes sin valorar y punir el posible delito cometido y las leyes vulneradas?

Todo lo que está sucediendo entorno al fraude de ley del falso cooperativismo y la aparente imposibilidad de conseguir que algunas empresas cumplan con las leyes nos deja muchas dudas i preguntas, a las que la lectura de la circular de la FECIC nos podría dejar entrever algunas respuestas y el poder que pudiera tener la patronal del sector cárnico, y pondría de manifiesto que la patronal cárnica catalana intenta evitar por todos los medios tener que cumplir una ley catalana, como es la Ley Catalana de Cooperativas (la cual cumplirá en breve, sin haber logrado implantarse, un año), que pudiera reducir sus márgenes de beneficio sin importarles lo más mínimo las condiciones laborales en las que se encuentran parte de los trabajadores que prestan servicio en el sector a través de las falsas cooperativas con las que subrogan buena parte o la totalidad de los servicios en sus empresas.

MSNoferini

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Fa pocs dies la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC) feia pública una circular en la qual s’informava de la reunió mantinguda a Madrid amb responsables del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social per a tractar sobre el tema de “la utilització de Cooperatives de Treball Associat en les empreses del sector”.

En aquesta reunió van estar presents diverses associacions del sector carni i alimentari, així com importants càrrecs en el Ministeri, com la Responsable de la Inspecció Especial, el Director General de la Inspecció i el Director General d’Ocupació.

La mateixa circular recull com el Director General de la Inspecció ressaltava l’excepcionalitat de la reunió, atès que “no s’acostuma a mantenir reunions amb empreses o entitats que estan subjectes a processos d’inspecció”, la qual cosa podria pressuposar un tracte de favor i un perillós precedent de cara a futures intervencions de la Inspecció de Treball en altres sectors o amb altres col·lectius.

Segons el mencionat document el Director General de tota una Inspecció de Treball va informar els assistents a la reunió que el Ministeri d’Ocupació lamentablement no es qüestiona el tan estès model empresarial en el sector carni de subcontractar amb cooperatives (falses en la seva majoria) la gestió, total o parcial, de les diferents àrees de les empreses a través del personal cooperativista, la qual cosa porta a no poques empreses amb un gran volum de producció i facturació a no tenir gairebé plantilla en nomina.

Afortunadament, “com a mínim”, els representants del Ministeri “assumeixen les conclusions” de la Inspecció en l’excepcional cas de Servicarne SCCL, ja que és l’únic cas en què tinc constància a Catalunya de l’aixecament a una cooperativa d’una Acta d’Infracció, i per tant “procedeix considerar a tots els treballadors (cooperativistes) com a treballadors per compte d’altri, incorporant-los amb efecte retroactiu a la plantilla” de la fins ara falsa cooperativa.

És curiós llegir com la Inspecció va convidar a les empreses càrnies a normalitzar la seva situació irregular; ja que de no fer-ho “iniciarà els expedients de liquidació, amb la corresponent Acta d’Infracció”. El que hauria de portar a preguntar-nos: Pot l’administració general de l’estat, davant tantes infraccions contrastades en el sector carni, mostrar una total laxitud en el compliment del seu deure, esperant amb això trobar una sortida que els deslliuri de la seva responsabilitat, confiant que certes empreses acceptin sense més ni més començar d’una vegada a respectar la llei?

La veritat és que la circular deixa en molt mal lloc a la Inspecció de Treball i al seu Ministeri, o als alts càrrecs que van estar presents en la reunió, doncs fins i tot podem llegir a l’apartat de “CONCLUSIONS” que “el Ministeri s’ha mostrat dubitatiu, en el sentit de què necessita unes setmanes per adoptar decisions i que les inspeccions només pretenien obtenir l’opinió de les empreses inspeccionades”.

A cas la Inspecció de Treball s’ha convertit en un simple òrgan mediador i/o usa una doble vara de mesurar en funció de qui incompleix la legislació laboral? Consentiríem que la justícia advertís a qui hagués pogut cometre certs delictes o faltes, supeditant tot el procés judicial a un acord entre les parts sense valorar i punir el possible delicte comès i les lleis vulnerades?

Tot el que està succeint al voltant del frau de llei del fals cooperativisme i l’aparent impossibilitat en aconseguir que algunes empreses compleixin amb les lleis ens deixa molts dubtes i preguntes, a les que la lectura de la circular de la FECIC ens podria deixar entreveure el perquè de les coses i el poder que pogués tenir la patronal del sector carni, i posaria de manifest que la patronal càrnia catalana intenta evitar per tots els mitjans haver de complir una llei catalana, com és la Llei Catalana de Cooperatives (la qual el pròxim 28 de març, sense haver-hi assolit la seva implantació, complirà un any), que pogués reduir els seus marges de benefici sense importar-los gens ni mica les condicions laborals en les quals es troben part dels treballadors que presten servei en el sector a través de les falses cooperatives amb les quals subroguen bona part o la totalitat dels serveis en les seves empreses.

MSNoferini

Imágenes de archivo de la todopoderosa familia Samper Rivas, propietarios del Grupo Jorge, con importantes dirigentes políticos.

http://www.elsetembre.cat/noticia/448/patronal/carnia/catalana/mou/fitxa/madrid

La degradación que en estos últimos años han experimentado los servicios que se prestan desde las administraciones públicas es más que evidente. Los recortes presupuestarios, con el consiguiente cierre de centros de atención, la escasa reposición de efectivos, la desmotivación de los trabajadores públicos con sus recortes salariales y la temporalidad laboral se han dejado notar muy mucho en organismos tan diferentes como pueden ser centros asistenciales de atención primaria o agencias y administraciones donde hacer los más diversos trámites. Pero la cosa no queda ahí, ya que la forma utilizada no pocas veces para justificar el cierre de ciertas dependencias ha consistido en la privatización de servicios o el convertir el derecho en utilizar los medios telemáticos para interactuar con la administración en una obligación.

Actualmente ya resulta del todo imposible poder hacer presencialmente las gestiones más simples u obtener cualquier tipo de certificado en la mayor parte de administraciones públicas, ya que en una interpretación errónea de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) se está obligando a todos los ciudadanos a disponer de un certificado digital o tener activado algún otro sistema para poder tener acceso telemático a sus propios datos.

Y es en este deseo de librar de cargas y trabajo a las administraciones por parte de quienes las controlan ministerios y consejerías—, buscando su desmantelamiento, que se cometen y consienten flagrantes vulneraciones de leyes y normas, como podría ser la Ley de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999).

No tiene demasiado sentido que a un funcionario público se le restrinja el acceso a los datos de cualquier ciudadano, incluyendo los suyos propios, viéndose en la obligación de justificar documentalmente todo lo consultado y teniéndose que someter a un estricto control a través de auditorías internas pero sean empresas privadas las que controlen cierta información y los sistemas informáticos de algunas importantes administraciones, y con un nivel de exigencia mínimo, o que se permita a una empresa controlar cientos de certificados digitales de sus trabajadores, como ocurre en buena parte de las falsas cooperativas, pudiendo estar atentando contra los denominados derechos “ARCO”.

Desde que la Tesorería General de la Seguridad Social obliga a relacionarse con ella de manera telemática, como podría ser a la hora de tramitar las altas de autónomos de los miles de falsos cooperativistas que lamentablemente tenemos en este país, la mayor parte de los cuales desconocen esta tecnología y tienen notables dificultades con el idioma, que los certificados digitales acaban instalados en los ordenadores de las propias cooperativas, siendo estas quienes asumen la responsabilidad que puede representar realizar una buena parte de gestiones a nombre de sus trabajadores (falsos cooperativistas).

Por lo tanto podemos añadir a la lista de consecuencias que tienen para los usuarios los recortes en los servicios públicos la laxitud en el control del cumplimiento de algunas importantes leyes por parte de algunos, como podrían ser aquellos que han hecho del fraude de ley del falso cooperativismo un rentable negocio y pudieran estar incumpliendo con la Ley de Protección de Datos, sin que la Agencia Estatal de Protección de Datos haya tomado a día de hoy cartas en el asunto.

MSNoferini

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Pasan los años pero la bucólica y atemporal imagen de decenas de ciclistas, en su mayoría de negra piel, enfilando los caminos o carreteras que conducen a los mataderos donde trabajan o haciendo el camino de vuelta a sus casas tras una larga y dura jornada de trabajo, en sus sencillas y no pocas veces viejas bicicletas, sigue formando parte del paisaje de algunas de las poblaciones de la comarca de Osona a determinadas horas.

Trabajadoras y trabajadores de procedencia muy diversa venidos de tierras lejanas  –como podrían ser aquellas de más allá de los escarpados Andes, el Panjab indio, el este de la vieja Europa, el Magreb o de los países situados al sur del Sahel– con el sueño de tener una mejor vida, y unidos bajo el común denominador de tener el dudoso honor de compartir penurias al trabajar en alguno de esos mataderos de la comarca donde se les valora tanto como a cualquier otra sustituible y prescindible herramienta a utilizar en el proceso de producción.

Ya son muchos los años de penurias, de explotación por míseros salarios, de negárseles los derechos más básicos que se presupone que en los países desarrollados deberían tener garantizados todas y todos los trabajadores, de aguantar los excesos de los patronos, y de gritar a los cuatro vientos su situación sin que nadie hasta la fecha haya conseguido o querido poner fin a esta insostenible situación.

También es triste, aunque su efecto fuera positivo, que diez escasos minutos en un programa de televisión en prime time, como fue el programa Salvados emitido hace ya algunas semanas, lograra visibilizar y sumar más apoyos a la causa de los maltratados trabajadores del sector cárnico que la lucha mantenida por algunos durante años.

El hacer visibles los excesos de una parte de la industria cárnica y la precariedad laboral de algunos de sus trabajadores presuponía que podíamos estar por el buen camino, y con ello conseguir lo que muchos veníamos reivindicando: la implicación de las administraciones, de algunos partidos políticos y de medios de comunicación de mayor tirada o difusión, y que la legalidad comenzara a imponerse a los fraudes de ley que venían dándose en el sector. Desgraciadamente aún nada se ha conseguido ya que las cosas, tal como se está viendo, no son tan fáciles, por mucho que la vulneración de algunas leyes parezca muy evidente y la inspección de trabajo así lo haya constatado.

Después de ponerse de manifiesto como algunos mataderos, como podría ser el caso de Le Porc Gourmet, utilizan el falso cooperativismo como una rentable forma de evitar el tener que contratar a su personal y cumplir con el convenio colectivo del sector y con la obligación de tener que desembolsar un cuantioso montante de dinero en cotizaciones a la Seguridad Social –para perjuicio de todas y todos–, llegó el día en el que descubrimos que por mucho que se haya conseguido introducir algún cambio en la Ley Catalana de Cooperativas (en un ya lejano 28/03/2017), como un parche que garantice algún tipo de mejora en las condiciones de los trabajadores, siempre acabaremos encontrando a quienes siguen burlando la ley o encontrando alternativas que les garantice el poder seguir manteniendo sus privilegios, aunque sea a costa de los derechos de miles de trabajadores.

No tiene sentido que algunas empresas o grupos empresariales se les permita tener a casi el cien por cien de la plantilla que trabaja para ellos subrogada a través de empresas o cooperativas externas. La administración no puede consentir el fraude de ley que supone tener una empresa con una facturación millonaria y sin trabajadores propios, y sin aparente responsabilidad en el trato y condiciones de trabajo de quienes prestan servicios para ellos. Y no tiene sentido que si una comunidad autónoma como Catalunya tiene una ley más rigurosa en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores cooperativistas, se permita la vulneración de la ley catalana de una manera tan sencilla como es rescindiendo contrato con las cooperativas catalanas y subrogando los servicios con una nueva cooperativa domiciliada en otra parte del estado –como así ha hecho el matadero Le Porc Gourmet–.

La actitud de total permisividad del todopoderoso Grupo Jorge (propietario del matadero Le Porc Gourmet), uno de los tres gigantes cárnicos de nuestro país, ante las precarias condiciones laborales que se han venido dando en todas las falsas cooperativas que hasta la fecha han trabajado para él aportándole la casi totalidad de la mano de obra, solamente se puede explicar teniendo en cuenta los beneficios que le genera el reducir al máximo los costes laborales como una excelente oportunidad para llevar a la práctica eso que ha venido a llamarse dumping social: rebajar al máximo los costes laborales para poder ser más competitivos que el resto de sus competidores, aunque sea de manera desleal, y con ello poder hacerse con una posición predominate en el sector.

MSNoferini

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