Posts etiquetados ‘administracion publica’

Hace ya muchos años que trabajo para la administración general del estado, lo cual no quiere decir que comparta la forma y criterios bajo los que se trabaja, y mucho menos normas y legislación.

No me gusta la negación de servicios presenciales, buscando con ello en no pocos casos la privatización de servicios o la amortización de puestos de trabajo, pues entiendo que la principal obligación de toda administración pública es la de dar servicio, el mejor servicio, a la ciudadanía. Y es por ello que el uso de los medios telemáticos para interactuar con la administración debería ser siempre un derecho y no una obligación, como ocurre actualmente.

Un ejemplo muy claro sobre esa desatención presencial la tenemos en cualquier trámite de autónomos (alta, bajas, cambios de domiciliaciones, notificaciones, etc.), e incluso en trámites tan simples como podrían ser la obtención de una vida laboral o de nuestro número de afiliación.

Cuando un/a joven se le oferta su primer trabajo y careciendo de número de afiliación se acerca a una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social se encontrará con la obligación de hacerse un certificado digital y gestionar la obtención de su número de afiliación de manera personal y telemática, lo cual al final le da más trabajo a la administración que si fuera gestionado desde sus propias oficinas, y con la incongruencia que en la carta de servicios que ofrece la propia TGSS, la cual está a disposición del público, se informa que dicho trámite se puede realizar de manera presencial.

Pero esto que acabo de exponer en cierta manera no es más que algo simplemente anecdótico, si lo comparamos con la forma en que desde el mismo organismo se trata y trabaja temas de una mayor importancia (gestión de reclamaciones, deudores, lucha contra el fraude).

Quien escribe esto, que ustedes pueden estar leyendo, hace ya unos cuantos años que viene denunciando el fraude del falso cooperativismo en el sector cárnico. Un fraude que, al margen de repercutir en perjuicio de los derechos de miles de trabajadores/as, supone una millonaria merma en la recaudación de la Seguridad Social. Millones de euros que se pierden por el camino dada la notable diferencia que supone cotizar en el régimen de autónomos (29,90% de la base mínima en la mayoría de casos) a hacerlo en el régimen general respetando las tablas salariales contempladas en los diferentes convenios. Para que nos podamos hacer una idea sobre las elevadas cifras de este fraude que mejor que usar un ejemplo.

Según los cálculos hechos sobre el matadero Le Porc Gourmet, con cerca de mil trabajadores externos a través de las ya mencionadas falsas cooperativas, la diferencia de cotización entre el régimen general (cuota patronal + cuota obrera), cogiendo como referencia las bases de cotización resultantes de aplicar los salarios mínimos establecidos en el convenio cárnico, a la hecha en el régimen de autónomos en base mínima (932,70€) daría como resultado un diferencia a favor de la administración de más de 4 millones de euros anuales. Por lo que uno debería preguntarse ¿cómo puede ser que durante más veinte años la administración del estado ha venido consintiendo este abultado fraude?

Hace ya más de dos años que la plataforma Càrnies en Lluita comenzó su lucha contra la precariedad laboral, la externalización y el fraude del falso cooperativismo que se venía dando en el sector cárnico, intentando de un tiempo a esta parte que como mínimo se comenzara a respetar y cumplir los cambios introducidos el 28/03/2017 por el Parlament de Catalunya en la “ley catalana de cooperativas” –ya que son muchas las cooperativas que la están incumpliendo y poco se está haciendo para obligar a su cumplimiento-, según los cuales las condiciones laborales de los trabajadores de estas cooperativas debían ser las mismas que las contempladas en los convenios colectivos del sector donde prestaran servicio. Y fue esta lucha y reivindicación de muchos/as de los trabajadores/as del macromatadero Le Porc Gourmet, externalizados a través de dos cooperativas (CLAVIAL y TAIC), lo que motivó que la empresa decidiera ir rescindiendo los contratos que les unía con estas cooperativas. Y fruto de estas rescisiones contractuales se inició una campaña de presiones a los trabajadores para que, en el caso de quienes estaban trabajando para TAIC, aceptaran su traslado a una nueva cooperativa (AUGA SCCL) con sede en Galicia, para tal vez con ello intentar burlar la ley catalana, lo que no aceptaron cerca de 80 trabajadores/as.

La no aceptación por parte de estos trabajadores de su traslado (baja y alta) a una nueva cooperativa, o dicho de otra manera “la no aceptación del chantaje planteado por la propia empresa”, motivó que TAIC SCCL decidiera prescindir de dichos trabajadores pero intentando colar sus bajas como ceses voluntarios sin ningún tipo de indemnización, como es habitual en el caso de las bajas de cualquier cooperativista, a lo que dichos trabajadores se negaron, pues a fin de cuentas tras años trabajando para el matadero Le Porc Gourmet se consideraban y consideran parte de esa empresa y no una moneda de cambio sometida a los caprichos de la cooperativa de turno. Lo que al final ha llevado a todos estos trabajadores/as, a la espera que la Inspección de Trabajo se pronuncie, a estar en un limbo en el que cooperativa y empresa se han desentendido de ellos, pero sin haber perdido su condición de trabajadores o falsos cooperativistas, lo que les representa no tener ingreso alguno y que cooperativa o empresa no se hagan cargo del pago de sus cuotas de autónomos con la Seguridad Social y a estar mal viviendo gracias poco menos que a la caridad, al tiempo que van acumulando una deuda con la Seguridad Social que les está llevando a muchos de ellos/as a ver embargadas sus cuentas corrientes y/o vehículos, así como en algunos casos a perder el derecho a cobrar sus bajas de I.T por impago de sus cotizaciones.

Ante la situación expuesta se ha elevado consulta ante la TGSS para como mínimo intentar trasladar la deuda, y así facilitar su cobro, a la falsa cooperativa TAIC, dada su “responsabilidad civil SOLIDARIA”, pero ante la sorpresa general se ha informado que cualquier solicitud al respecto sería denegada.

Al final, tras el largo camino ya recorrido, nos encontramos con un número elevado de trabajadores en una situación muy complicada y precaria, la administración presionando a la parte más débil y con pocos resultados recaudatorios, y esperando a que tras meses de inspecciones en el matadero Le Porc Gourmet se resuelva de una vez la acta de infracción de la Inspecció de Treball o esa negociación opaca y fantasmal capitaneada por el Departament de Treball de la Generalitat, en la cual ni siquiera está presente un representante elegido por los trabajadores, ya que desde el mencionado departamento de la Generalitat se les permitió a CC.OO y UGT arrogarse dicho papel sin haberse sometido a consulta entre trabajadores y trabajadoras a los que supuestamente están representando, y sin que hubiera existido el menor contacto previo entre la asamblea de los trabajadores/as y ellos.

Esta es la situación actual en este aparentemente interminable drama de la explotación laboral en el matadero Le Porc Gourmet y el fraude del falso cooperativismo. Espero haber sabido explicar cuál ha sido el papel de las administraciones públicas, tanto estatal como catalana, en esta historia, donde unos pocos se han enriquecido con el sufrimiento de muchos mientras esas mismas administraciones y quienes fueron elegidos en su día por el pueblo para gestionarlas poco o nada han hecho para evitarlo.

MSNoferini

Anuncios

La degradación que en estos últimos años han experimentado los servicios que se prestan desde las administraciones públicas es más que evidente. Los recortes presupuestarios, con el consiguiente cierre de centros de atención, la escasa reposición de efectivos, la desmotivación de los trabajadores públicos con sus recortes salariales y la temporalidad laboral se han dejado notar muy mucho en organismos tan diferentes como pueden ser centros asistenciales de atención primaria o agencias y administraciones donde hacer los más diversos trámites. Pero la cosa no queda ahí, ya que la forma utilizada no pocas veces para justificar el cierre de ciertas dependencias ha consistido en la privatización de servicios o el convertir el derecho en utilizar los medios telemáticos para interactuar con la administración en una obligación.

Actualmente ya resulta del todo imposible poder hacer presencialmente las gestiones más simples u obtener cualquier tipo de certificado en la mayor parte de administraciones públicas, ya que en una interpretación errónea de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) se está obligando a todos los ciudadanos a disponer de un certificado digital o tener activado algún otro sistema para poder tener acceso telemático a sus propios datos.

Y es en este deseo de librar de cargas y trabajo a las administraciones por parte de quienes las controlan ministerios y consejerías—, buscando su desmantelamiento, que se cometen y consienten flagrantes vulneraciones de leyes y normas, como podría ser la Ley de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999).

No tiene demasiado sentido que a un funcionario público se le restrinja el acceso a los datos de cualquier ciudadano, incluyendo los suyos propios, viéndose en la obligación de justificar documentalmente todo lo consultado y teniéndose que someter a un estricto control a través de auditorías internas pero sean empresas privadas las que controlen cierta información y los sistemas informáticos de algunas importantes administraciones, y con un nivel de exigencia mínimo, o que se permita a una empresa controlar cientos de certificados digitales de sus trabajadores, como ocurre en buena parte de las falsas cooperativas, pudiendo estar atentando contra los denominados derechos “ARCO”.

Desde que la Tesorería General de la Seguridad Social obliga a relacionarse con ella de manera telemática, como podría ser a la hora de tramitar las altas de autónomos de los miles de falsos cooperativistas que lamentablemente tenemos en este país, la mayor parte de los cuales desconocen esta tecnología y tienen notables dificultades con el idioma, que los certificados digitales acaban instalados en los ordenadores de las propias cooperativas, siendo estas quienes asumen la responsabilidad que puede representar realizar una buena parte de gestiones a nombre de sus trabajadores (falsos cooperativistas).

Por lo tanto podemos añadir a la lista de consecuencias que tienen para los usuarios los recortes en los servicios públicos la laxitud en el control del cumplimiento de algunas importantes leyes por parte de algunos, como podrían ser aquellos que han hecho del fraude de ley del falso cooperativismo un rentable negocio y pudieran estar incumpliendo con la Ley de Protección de Datos, sin que la Agencia Estatal de Protección de Datos haya tomado a día de hoy cartas en el asunto.

MSNoferini

Resultado de imagen de delito informatico

ventanilla 4

En el día de hoy teníamos conocimiento que la Defensora del Pueblo ha pedido a la Agencia Tributaria que permita a los ciudadanos la presentación de las liquidación del IVA en papel, dado el gran número de quejas presentadas por los ciudadanos. Las denuncias contra el nuevo sistema provienen de ciudadanos que no están en condiciones por no contar con ordenador o les resulta muy difícil hacer estos trámites por su edad o por el pequeño volumen de su negocio o trabajo, lo que les obliga a costear los servicios de un tercero para cumplir con su obligación fiscal.

Nuestro Gobierno se ha propuesto implementar con la mayor celeridad posible el uso de las nuevas tecnologías, supuestamente para rebajar costes y optimizar los cada día más escasos recursos humanos dentro de la Administración Pública o quizás con otros fines más oscuros como trabajar para la privatización de parte de estos servicios. Lo que está llevando a limitar el derecho a que la ciudadanía pueda acudir a las diversas Administraciones Públicas y hacer sus trámites de manera presencial, dejándoles únicamente la vía telemática o bien cuando el ciudadano se ve incapaz de utilizar dicha tecnología recurriendo a profesionales, con el coste que esto puede presentar.

También he tenido conocimiento de que la Tesorería General de la Seguridad Social, de la provincia de Barcelona, ha dado órdenes a sus oficinas de negar la gestión presencial a particulares y profesionales, de todas aquellas gestiones que estén disponibles a través de la Sede Electrónica de su página Web. Una vergüenza que poco va a hacer a favor de la imagen que los ciudadanos de este país van a tener de la Administración Pública, y que probablemente atente contra la legalidad al no tener ninguna base jurídica.

Una injusticia más a soportar por los cada día más mal tratados ciudadanos de este empobrecido país llamado España.

MSNoferini