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La degradación que en estos últimos años han experimentado los servicios que se prestan desde las administraciones públicas es más que evidente. Los recortes presupuestarios, con el consiguiente cierre de centros de atención, la escasa reposición de efectivos, la desmotivación de los trabajadores públicos con sus recortes salariales y la temporalidad laboral se han dejado notar muy mucho en organismos tan diferentes como pueden ser centros asistenciales de atención primaria o agencias y administraciones donde hacer los más diversos trámites. Pero la cosa no queda ahí, ya que la forma utilizada no pocas veces para justificar el cierre de ciertas dependencias ha consistido en la privatización de servicios o el convertir el derecho en utilizar los medios telemáticos para interactuar con la administración en una obligación.

Actualmente ya resulta del todo imposible poder hacer presencialmente las gestiones más simples u obtener cualquier tipo de certificado en la mayor parte de administraciones públicas, ya que en una interpretación errónea de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) se está obligando a todos los ciudadanos a disponer de un certificado digital o tener activado algún otro sistema para poder tener acceso telemático a sus propios datos.

Y es en este deseo de librar de cargas y trabajo a las administraciones por parte de quienes las controlan ministerios y consejerías—, buscando su desmantelamiento, que se cometen y consienten flagrantes vulneraciones de leyes y normas, como podría ser la Ley de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999).

No tiene demasiado sentido que a un funcionario público se le restrinja el acceso a los datos de cualquier ciudadano, incluyendo los suyos propios, viéndose en la obligación de justificar documentalmente todo lo consultado y teniéndose que someter a un estricto control a través de auditorías internas pero sean empresas privadas las que controlen cierta información y los sistemas informáticos de algunas importantes administraciones, y con un nivel de exigencia mínimo, o que se permita a una empresa controlar cientos de certificados digitales de sus trabajadores, como ocurre en buena parte de las falsas cooperativas, pudiendo estar atentando contra los denominados derechos “ARCO”.

Desde que la Tesorería General de la Seguridad Social obliga a relacionarse con ella de manera telemática, como podría ser a la hora de tramitar las altas de autónomos de los miles de falsos cooperativistas que lamentablemente tenemos en este país, la mayor parte de los cuales desconocen esta tecnología y tienen notables dificultades con el idioma, que los certificados digitales acaban instalados en los ordenadores de las propias cooperativas, siendo estas quienes asumen la responsabilidad que puede representar realizar una buena parte de gestiones a nombre de sus trabajadores (falsos cooperativistas).

Por lo tanto podemos añadir a la lista de consecuencias que tienen para los usuarios los recortes en los servicios públicos la laxitud en el control del cumplimiento de algunas importantes leyes por parte de algunos, como podrían ser aquellos que han hecho del fraude de ley del falso cooperativismo un rentable negocio y pudieran estar incumpliendo con la Ley de Protección de Datos, sin que la Agencia Estatal de Protección de Datos haya tomado a día de hoy cartas en el asunto.

MSNoferini

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ventanilla 4

En el día de hoy teníamos conocimiento que la Defensora del Pueblo ha pedido a la Agencia Tributaria que permita a los ciudadanos la presentación de las liquidación del IVA en papel, dado el gran número de quejas presentadas por los ciudadanos. Las denuncias contra el nuevo sistema provienen de ciudadanos que no están en condiciones por no contar con ordenador o les resulta muy difícil hacer estos trámites por su edad o por el pequeño volumen de su negocio o trabajo, lo que les obliga a costear los servicios de un tercero para cumplir con su obligación fiscal.

Nuestro Gobierno se ha propuesto implementar con la mayor celeridad posible el uso de las nuevas tecnologías, supuestamente para rebajar costes y optimizar los cada día más escasos recursos humanos dentro de la Administración Pública o quizás con otros fines más oscuros como trabajar para la privatización de parte de estos servicios. Lo que está llevando a limitar el derecho a que la ciudadanía pueda acudir a las diversas Administraciones Públicas y hacer sus trámites de manera presencial, dejándoles únicamente la vía telemática o bien cuando el ciudadano se ve incapaz de utilizar dicha tecnología recurriendo a profesionales, con el coste que esto puede presentar.

También he tenido conocimiento de que la Tesorería General de la Seguridad Social, de la provincia de Barcelona, ha dado órdenes a sus oficinas de negar la gestión presencial a particulares y profesionales, de todas aquellas gestiones que estén disponibles a través de la Sede Electrónica de su página Web. Una vergüenza que poco va a hacer a favor de la imagen que los ciudadanos de este país van a tener de la Administración Pública, y que probablemente atente contra la legalidad al no tener ninguna base jurídica.

Una injusticia más a soportar por los cada día más mal tratados ciudadanos de este empobrecido país llamado España.

MSNoferini