Archivos para febrero, 2017

Cuando ciudadanos anónimos, como servidor, nos desgañitamos intentando hacer ver a nuestros conciudadanos la nefasta situación en la que viven cientos de miles de personas de este país, no deben ser pocos los que pensarán que somos unos alarmistas o simples elementos subversivos más interesados en desestabilizar al partido del gobierno, para intentar allanar el camino a otros partidos, que en ofrecer datos objetivos y fiables. Pero no es así.

La situación del país es mala, o dicho de una manera más explícita aunque también algo más vulgar “la situación es mala de cojones”. Si no que se lo pregunten a los millones de desempleados que seguimos teniendo, o a los trabajadores a los que tener una nómina no les libra de estar por debajo del umbral de la pobreza, o a aquellos que lo han perdido todo, o a los millones de pensionistas que ven como sus pensiones han comenzado a menguar, o a los cientos de miles de personas que se han visto en la necesidad de buscarse la vida lejos de las fronteras de este país. Sin olvidar a todos los usuarios de los servicios públicos que sufrimos en nuestras carnes su paulatina degradación por culpa de los recortes presupuestarios sufridos.

Si alguien quiere datos lo más objetivos posibles, hechos por una institución fuera de toda sospecha de ser subversiva contra los poderes establecidos, por ser un claro exponente supranacional del neoliberalismo institucional, aquí os dejo un extracto del artículo publicado por el diario El País, en el que se hace pública parte de la información aparecida en el “Informe España 2017” que ha presentado hoy la Comisión Europea.

El “Informe España 2017” deja en evidencia que:

“La desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más elevadas de la Unión y sigue al alza”. El índice de Gini (uno de los indicadores estrella de desigualdad) está también “entre los más altos de la UE”, antes y después de aplicar los efectos redistributivos de los impuestos y las transferencias sociales. La Comisión destaca incluso que la desigualdad en el acceso a la sanidad aumenta significativamente en lo que va de crisis. Y sigue al alza.

[…]El riesgo de pobreza está muy por encima de las cifras que se encontró Rajoy a su llegada a La Moncloa. Los niveles, siempre superiores a la media europea, son especialmente elevados en el caso de los niños y de las personas en edad de trabajar: Bruselas destaca el riesgo de que en España se instalen tasas de pobreza notables incluso entre quienes tienen empleo.

[…]“Los altos índices de contratos temporales” —el 27%, solo mejor que Grecia— “tienen consecuencias sociales negativas”, “socavan el alza de la productividad y tienen implicaciones fiscales negativas”, en especial sobre la Seguridad Social, que lleva cinco años en rojo.

[…]Uno de cada ocho trabajadores está en riesgo de pobreza. El 28% de los ciudadanos está en riesgo de exclusión social; un tercio de los niños entran en esa categoría. Uno de cada cuatro contratos firmados en 2016 tuvo una duración inferior a siete días. Hay un “alto riesgo” de que el desempleo de larga duración se enquiste, y el paro juvenil sigue por encima del 40%. Ni la garantía juvenil ni la tarifa plana a los autónomos ni el resto de planes anunciados a bombo y platillo por el Gobierno han tenido un impacto significativo, a juicio de Bruselas. España crece a tasas del 3%, pero las cicatrices de la Gran Crisis están ahí y, al margen de los riesgos económicos —que no han desaparecido— la foto fija que es el Informe España 2017 revela desafíos sobre la cohesión social.

[…]Al final del informe —de 72 páginas, nada menos— hay una referencia a la corrupción en términos poco elogiosos. “A pesar del aumento de las investigaciones no se han puesto en marcha estrategias preventivas”. Los cambios legislativos de 2015, además, “limitan temporalmente las Investigaciones y podrían provocar Impunidad en los casos más complejos de corrupción”.

MSNoferini

Pobreza

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Tras saberse que la Fiscalía General del Estado ordenó “no acusar al presidente de Murcia”, como pudo haber ocurrido en su día con el expresidente de La Rioja, todos los partidos de la oposición obligan a que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, comparezca en el Parlamento para explicar si dio órdenes a los fiscales en favor del PP

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El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, en compañía del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza

Recopilación de parte de la información aparecida en tres diversos medios en el día de hoy (17/02/17) que deja en evidencia la nula independencia de la Fiscalía General del Estado, pues sólo con lo hecho público, que a buen seguro no será más que la punta del iceberg, hay motivos sobrados para exigir algo más que una simple comparecencia del Fiscal General en comisión parlamentaria.

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“El fiscal general del Estado va a ser objeto de control parlamentario. No hay muchos precedentes. Pero esta vez la polémica sobre decisiones de la Fiscalía ha irrumpido con gran fuerza en el debate político, y José Manuel Maza tendrá que comparecer en el Congreso para dar cuenta de su actuación en el caso de las investigaciones contra la red Púnica en Murcia, que han llegado a afectar al presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez (PP).

Las fiscales de Murcia Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez querían actuar contra él y la Fiscalía General les dio, a través de Anticorrupción, la orden de no hacerlo.

Esta postura de Maza ha creado una gran polémica incrementada ayer ante nuevas informaciones sobre otra supuesta orden para que no se actuara contra el presidente de La Rioja en una investigación sobre una presunta prevaricación urbanística relacionada con la construcción de un chalet”. (La Vanguardia)

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“El fiscal encargado de la investigación del chalé ilegal del ex presidente de La Rioja (PP), Pedro Sanz, cambió de criterio en apenas 12 días, sin que apareciesen hechos nuevos, acerca de la necesidad de investigar si el equipo de gobierno de Villamediana de Iregua cometió un delito de prevaricación urbanística cuando aprobó un Plan que regularizó la vivienda.  Así lo atestiguan los sucesivos documentos elaborados por él. La Fiscalía General del Estado supervisó en todo momento su actuación”. (El Mundo)

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En un día como hoy tan prolífico en noticias sobre juicios y fiscales no quisiera olvidarme de la noticia que publica el diario El País:

“La fiscalía de Madrid, que encabeza José Javier Polo Rodríguez, evitó el otoño pasado que se investigara al comisario José Manuel Villarejo por blanqueo de capitales”.

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Y habiendo conocido la resolución del caso Nóos con el fallo que condena a Iñaki Urdangarín a seis años y tres meses de prisión y absuelve a su mujer, la infanta Cristina, como no recordar a ese otro fiscal que se hizo famoso por haber ejercido más de abogado defensor de la infanta que de fiscal, el mediático Pedro Horrach.

Información aparecida hace tres años en la revista Interviu.

La conclusión es obvia, en este país no existe una verdadera separación de poderes y la Fiscalía General del Estado desgraciadamente en no pocas ocasiones se ha convertido en una valiosa herramienta en manos del gobierno o poder ejecutivo.

MSNoferini

 

 

 

 

 

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Leía hace un par de días que el Parlament de Catalunya por fin ha decidido meterle mano al tema de las famosas falsas cooperativas de trabajo asociado modificando la ley catalana. Una en principio buena noticia, pero que tras informarme sobre lo que se pretende modificar se me antoja que lo único que se va a conseguir es tapar temporalmente un gran problema con un muy pequeño parche. Sin olvidar esa sensación y regusto amargo de que lo que se pretende no es más que una operación de maquillaje, pues ¿cómo va a permitir Convergència, o como se quiera hacer llamar actualmente, que grandes empresarios cercanos a su partido vean peligrar los grandes beneficios que les reporta la subrogación de trabajos en las famosas falsas cooperativas, muchas veces participadas por ellos mismos?

Por lo que he podido leer en el diario comarcal de Osona, el 9Nou, la modificación consistirá en añadir dos nuevos apartados al artículo 132 de la ley aprobada en 2015. Con la inclusión de los nuevos apartados la ley dirá que en el caso de las cooperativas de trabajo asociado con más de 25 trabajadores y que su actividad sea la subcontratación de servicios deberá recoger obligatoriamente en sus estatutos las condiciones de trabajo de los socios. Estas condiciones, como la jornada o retribuciones, deberán ser las equivalentes a las que tienen “los convenios colectivos de los trabajadores por cuenta ajena en el sector o centro de trabajo por la empresa principal para la cual presten servicios”. En lo referente a la protección social, los trabajadores socios de estas cooperativas “deberán tener la equivalente a la de los trabajadores incluidos en el régimen general de la Seguridad Social”. Estas premisas también serán de aplicación para las cooperativas de trabajo asociado que tengan una dependencia del 75% o más de la facturación anual de la cooperativa con un único cliente.

La ley también pretende reconocer que los socios de estas cooperativas queden amparados por el derecho a sindicación, negociación, acción colectiva y huelga, en los términos en que son reconocidos por los tratados internacionales.

Lo primero que me viene a la cabeza sobre las modificaciones que se pretenden aplicar en la futura ley de cooperativas es: con la nueva legislación ¿tendrán los socios de estas cooperativas las atribuciones y derechos que realmente debería tener todo socio cooperativista (capacidad de decisión en las asambleas, derecho participar reparto beneficios, etc)?

Y por ello transcribo íntegramente los artículos 38 y 39 de la ley donde se hace referencia a los derechos de los socios y que desgraciadamente no se respetan en estas denominadas falsas cooperativas y que vendrían a demostrar el falso régimen jurídico de estas empresas.

Artículo 38 Derechos de los socios

  1. Los socios tienen, sin más restricciones que las derivadas de un procedimiento sancionador o de las exigencias de la buena fe, todos los derechos reconocidos legal o estatutariamente para cada tipo de socio.
  2. Sin perjuicio de las disposiciones particulares que establecen la Ley y los estatutos para los diferentes tipos de socios, los socios de una cooperativa tienen derecho a:
  • a) Participar en la realización del objeto social de la cooperativa.
  • b) Elegir a los cargos de los órganos de la sociedad y ser elegidos para ocupar dichos cargos.
  • c) Participar con voz y voto en la adopción de la totalidad de los acuerdos de la asamblea general y de los demás órganos de los que formen parte.
  • d) Solicitar información sobre las cuestiones que afecten a sus intereses económicos y sociales en los términos establecidos por los estatutos sociales y por el artículo 39.
  • e) Participar en los excedentes, si los hay, de acuerdo con los estatutos sociales.
  • f) Percibir el reembolso de su aportación regularizada en el caso de baja o de liquidación o de transformación de la cooperativa, que no debe verse afectado por suspensión temporal de los derechos a causa de expediente sancionador, sin perjuicio de lo que dispongan los estatutos sociales con relación a las aportaciones cuyo reembolso pueda ser rechazado incondicionalmente por el consejo rector. La regularización de la aportación debe hacerse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35.
  • g) Ejercer los demás derechos que resulten de las normas legales y estatutarias, así como los acuerdos que adopten válidamente los órganos de la cooperativa.

 

  1. Los derechos de los distintos tipos de socios no tienen más límites que los establecidos expresamente por la presente ley.
  2. Los derechos de los socios solo pueden suspenderse temporalmente, en las condiciones que regulen expresamente los estatutos sociales, como una modalidad de sanción o medida cautelar en un expediente sancionador. Los estatutos, sin perjuicio de lo establecido por el apartado 5, únicamente pueden establecer la decisión de suspender al socio en sus derechos en los siguientes supuestos:
  • a) No estar al corriente de sus obligaciones económicas como socio.
  • b) No participar en las actividades cooperativizadas en los términos establecidos por los estatutos.
  • c) Dejar de cumplir los requisitos exigidos para tener la condición de socio en los términos establecidos por el artículo 32.

 

  1. La suspensión de derechos a que se refiere el apartado 4 no afecta, en ningún caso, al derecho de información, al de asistencia a la asamblea general con voz ni a los derechos que la presente ley exceptúa. La suspensión finaliza en el momento en que el socio normaliza su situación en la sociedad cooperativa.

Artículo 39 Derecho de información

  1. Todo socio tiene el derecho de información sobre las cuestiones que afectan a sus derechos económicos y sociales, en los términos establecidos por el presente artículo.
  2. Todo socio tiene derecho, en todo momento, a:
  • a) Recibir una copia de los estatutos de la cooperativa y, si los hay, de los reglamentos de régimen interno, y, igualmente, a recibir la notificación de las modificaciones que se realicen y los acuerdos de los órganos de gobierno que le afecten.
  • b) Examinar libremente los libros de la cooperativa y solicitar certificaciones tanto de los acuerdos reflejados en las actas de las asambleas generales como de las inscripciones de los correspondientes libros.
  • c) Recibir cualquier informe o aclaración sobre la marcha de la cooperativa y sobre sus propios derechos económicos y sociales, siempre que lo solicite por escrito al consejo rector, el cual debe responderle en el plazo de quince días, a contar de la presentación del escrito. Si el socio está en desacuerdo con el contenido de la respuesta que se le ha dado, puede reiterar por escrito la solicitud, que, en este caso, ha de ser respondida públicamente por el consejo rector en la primera asamblea general que se convoque después de haber reiterado la petición.
  • d) Desde el día de la convocatoria de la asamblea general ordinaria en la que haya de deliberar y adoptar acuerdos sobre las cuentas del ejercicio económico, los socios deben poder examinar, en el domicilio social, los documentos que integran las cuentas anuales y, en su caso, el informe de la intervención o de la auditoría de cuentas. Asimismo, los socios tienen derecho a recibir copia de los documentos y a que se les amplíe toda la información que consideren necesaria y que esté relacionada con los puntos del orden del día, siempre que lo soliciten por escrito cinco días antes de la asamblea, como mínimo.

 

Si las jornadas y retribuciones deberán ser las equivalentes a las que tienen “los convenios colectivos de los trabajadores por cuenta ajena en el sector o centro de trabajo por la empresa principal para la cual presten servicios” ¿qué pasará con la base de cotización de los miembros cooperativistas? ¿Se les subirá la base para hacerla coincidir con la que tienen los trabajadores de Régimen General regulados por el convenio colectivo del sector? De subirse las bases de cotización ¿deberán asumir los trabajadores cooperativistas, con el agravio comparativo que supone, todo el coste de su abono a diferencia de lo que sucede con los trabajadores del sector inscritos en el Reg. General (sólo pagan 6,35% de la base en concepto de cuota obrera, mientras que los autónomos pagan el 29,90%, AT y prestación por Cese de Actividad al margen)?  

Y cuando se ponga fin a la relación laboral de manera unilateral por parte de la empresa ¿tendrán los cooperativistas derecho a la correspondiente indemnización por despido?

Como veis muchos interrogantes que posiblemente tendrán una respuesta negativa y que demuestran que la reforma no dejará de ser un pequeño parche y que lo único que hará es dar apariencia de legal lo que es y seguirá siendo una auténtica ilegalidad.

Según la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), en su Artículo 14, las cooperativas de trabajo asociado disfrutarán del beneficio de poder elegir el régimen de encuadramiento de sus socios a través de sus estatutos de constitución:

Artículo 14.- Socios trabajadores y socios de trabajo de cooperativas.

  1. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado disfrutarán de los beneficios de la Seguridad Social, pudiendo optar la cooperativa entre las modalidades siguientes:
  2. a) Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena. Dichas cooperativas quedarán integradas en el Régimen General o en alguno de los regímenes especiales de la Seguridad Social, según proceda, de acuerdo con su actividad.
  3. b) Como trabajadores autónomos en el régimen especial correspondiente.

Las cooperativas ejercitarán la opción en sus estatutos, y solo podrán modificarla en los supuestos y condiciones que el Gobierno establezca.

Y es en esta opción de elegir el régimen de encuadramiento donde, desde mi opinión, puede hallarse la solución para evitar la constitución y pervivencia de este tipo de falsas cooperativas, en un régimen jurídico inapropiado.

La futura ley catalana de cooperativas debería comenzar por poner una línea roja que evite la tentación de burlar la ley en la búsqueda de un beneficio, con el acarreo de una flagrante violación de algunos derechos de los trabajadores contratados, y esta línea roja debería consistir en exigir a las cooperativas de trabajo asociado, con más de 25 trabajadores y que su actividad sea la subcontratación de servicios y/o que tengan una dependencia del 75% o más de su facturación anual con un único cliente, su “encuadramiento obligatorio en el Régimen General”. Una iniciativa que supondría a estas empresas una merma en el beneficio que les genera, de manera no excesivamente lícita, el encuadramiento de sus trabajadores como autónomos y una mejora considerable en los derechos de los cooperativistas. Una iniciativa que, sumada a un exhaustivo control por parte de la Inspección de Trabajo, a buen seguro haría desistir a no pocas empresas y personas de constituir estas falsas cooperativas.

MSNoferini

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La comarca de Osona cuenta con claros ejemplos de estas falsas cooperatives que subrogan sus servicios a la todo poderosa industria cárnica de la comarca.

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Patético, este es el adjetivo que mejor define el lamentable espectáculo que están dando las dos caras más visibles de Podemos, su Secretario General y su Secretario Político, y tras ellos sus respectivos clubs de fans capaces de sacar sus más bajos instintos en atacar de manera desmedida a quienes no dejan de ser compañeros. Parece mentira ver a gente tan formada y preparada siendo tan torpes, dando carnaza a los medios y perjudicando al propio partido. Pugnas organizativas y elecciones al margen todos formamos parte de un mismo equipo, el de aquellas personas que sueñan con un país y un mundo mejor y entendimos que Podemos era la mejor herramienta para conseguirlo, y por ello esperemos que todo sea achacable a los nervios de una nueva campaña electoral y el día 13 sepamos olvidar las diferencias, disculparse de ser necesario, y trabajar codo con codo para sacar adelante este proyecto político y social.

Con lo que está pasando queda en evidencia que seguimos confundiendo las cosas, desgraciadamente confundimos lo que es el análisis y la necesaria crítica o pensamiento crítico, con la descalificación personal y la lapidación pública. Hace ya un tiempo recuerdo haber leído un grafiti en mi querida Barcelona, que decía algo así: “Plantando pensamiento crítico, llueven ideas y crecen alternativas”. Pues así es como funciona, como si del método científico se tratara todo debe seguir una pauta y servir a un fin, y este, en el caso de Podemos, no es otro que el estar unidos y en las mejores condiciones para para poder desarrollar un proyecto alternativo de futuro.

Pablo, Iñigo, Irene, Juan Carlos, Luís, Carolina, Miguel, y un largo etcétera, por favor absteneros de destrozar lo que tanto ha costado construir con vuestros enfrentamientos personales. Podemos es un proyecto que está por encima de las personas, por ello no olvidéis que “tod@s somos necesari@s, pero nadie es imprescindible”.

MSNoferini

 

 

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Leyendo la mayor parte de la prensa de esta última semana nos encontraremos con que el paro ha subido este mes en 57.257 personas, achacable en parte a la finalización de los contratos navideños y de la posterior época de rebajas, pero al mismo tiempo se nos informa a bombo y platillo que el número de desempleados a la finalización de enero de este año se ha situado en 3.760.231. Lamentablemente no todos los medios dicen claramente que esta esperanzadora cifra de desempleados hace referencia única y exclusivamente a los desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo, que por cierto cada vez se reduce más pues estar apuntado no te garantiza ningún tipo de ayuda ni un servicio de búsqueda de empleo.

Por favor seamos más serios y no nos quedemos con los titulares ni con la información sesgada e interesada. Si cogemos los datos que publica mensualmente el único organismo que puede facilitar unos datos serios en relación a la evolución del mercado laboral, y que no es otro que la Tesorería General de la Seguridad, pues es el organismo que gestiona todas las altas y bajas laborales, nos encontraremos que la media de trabajadores dados de alta en enero de 2017 fue de 17.674.174 personas y que cuando el Partido Popular se hizo con la victoria en las elecciones del 20 de noviembre de 2011 teníamos una media de 17.248.530 personas en situación de alta laboral, lo que quiere decir que desde la llegada del partido del señor Rajoy al Gobierno han conseguido con sus maravillosas reformas incrementar el número de trabajadores en alta en  425.644 personas  –calidad, precariedad y temporalidad del empleo al margen–.

¿Cómo casan esos números con los datos que periódicamente hacen públicos la Encuesta de Población Activa y mensualmente el Servicio Estatal de Empleo Público, según los cuales a la llegada del PP al gobierno en el 2011 teníamos  5.287.300 desempleados para la EPA y 4.422.359 para el SEEP, y en la actualidad la EPA del cuarto trimestre de 2016 nos da un total de 4.237.800 desempleados y el SEEP en su última entrada del mes de enero nos dice que nos hemos quedado en 3.760.231 desempleados?

Pues evidentemente la conclusión que hemos de sacar es la de no tomar en excesiva consideración algunos índices de referencia debido a su inexactitud, y también nos deja bastante claro que aunque estemos lejos de esos supuestos más de seis millones de desempleados que el PP le lanzaba en cara al gobierno Zapatero, pues entonces sí interesaba coger el índice más alto y más adecuado a sus intereses, la cosa no pinta todo lo bien que quieren hacernos creer algunos.

Tal como ya he expuesto en el segundo párrafo de este escrito, la realidad es que con el Gobierno del Partido Popular el empleo sólo ha crecido 425.644 puestos, y nadie puede a ciencia cierta demostrar que reformas como la aprobada en el 2012 (RDL 3/2012, del 10 de febrero) hayan servido para algo más que precarizar y temporalizar el empleo.

La precarización del empleo es alarmante, cada día se incrementan más los contratos a tiempo parcial, la temporalidad es un hecho, y al cargarse la ultractividad de los convenios, obligando que a su expiración, y tras no llegar a un acuerdo las dos partes negociadoras, tener que acogerse a uno de ámbito superior o de no existir simple y llanamente a los mínimos que pueda marcar el Estatuto de los trabajadores, lo que permite que las nuevas contrataciones puedan cobrar en función del SMI.

Con los contratos por horas y temporales no son pocos los trabajos que ahora han quedado más repartidos, en beneficio de las estadísticas y perjuicio de los trabajadores. A la cabeza me vienen dos casos muy cercanos de amigos que tras mucho tiempo desempleados consiguieron sendos trabajos, pero desgraciadamente la política laboral de dichas empresas les llevó a una contratación por tiempo determinado no renovable, por mucho que ambas empresas necesitaban tener cubiertos dichos puestos y dedicaron tiempo a su formación, por lo que al expirar respectivamente sus contratos de seis meses y un año volvieron a englobar las estadísticas de desempleados, o no, al tiempo que otras dos personas cubrían dichos puestos de trabajo.

MSNoferini

 

Hablemos de pensiones

Publicado: febrero 1, 2017 en Uncategorized
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Ya son varias las charlas a las que voy en las que se toca el tema de las pensiones y en las que se pone en tela de juicio el alarmante panorama que se nos está vendiendo. Es evidente que el sistema de pensiones que tenemos actualmente difícilmente podrá sostenerse, si no somos capaces de generar un mayor volumen de ingresos en las aportaciones que mensualmente se realizan en concepto de cotizaciones, y aun así será difícil su sostenibilidad tal y como está concebido. Por lo tanto ¿cómo se puede incrementar los ingresos evitando ese abultado déficit entre lo que ingresamos y lo que destinamos al pago de las pensiones? Pues para comenzar exigiendo a nuestro gobierno que ponga especial empeño en favorecer la creación de empleo; a continuación se debería luchar para derogar todas aquellas reformas que precarizaron el empleo, como fue el caso de la reforma laboral del 2012 que al margen de precarizar el empleo y crear una tremenda inseguridad laboral, abarató el despido y casi eliminó la negociación colectiva; y por último se debería luchar hasta sus últimas  consecuencias por conseguir empleos dignos y decentemente retribuidos. Estos deberían ser los primeros pasos a dar a efectos de poder garantizar las pensiones.

Pero aunque consigamos crear empleo de calidad que garantice una mayor recaudación, lo que también pasa por reducir ciertas bonificaciones en la cuota empresarial, ahí no acaba el tema. El envejecimiento de la población de este país y el tener un crecimiento vegetativo y una natalidad de las más bajas del mundo va hacer realmente complicado, por no decir imposible, que en muy pocos años podamos sufragar  el 100% del gasto de las pensiones con la simple recaudación de las cotizaciones laborales, pero lejos de lo que algunos nos quieren hacer creer esto tampoco debería representar ningún drama, pues no somos el primer país, ni seremos el último, que se ha encontrado con este problema y que ha tenido que recurrir a otras partidas presupuestarias e impuestos para sufragar parte de las pensiones.

El uso por parte de según quienes de cierto tono catastrofista al hablar del futuro de las pensiones ya debería ponernos en sobre aviso, pues cuando ves a la banca, a ciertos partidos y a según qué sectores de la patronal pidiendo reformas similares a las que se han aplicado en otros países y empiezas a ver cómo funciona y se gestionan las pensiones en esos países, te das cuenta hacia donde nos quieren llevar.

No son pocos los artículos que he leído donde se hablaba muy bien del sistema de pensiones sueco, conocido como “cuentas nocionales de contribución definida”. En un principio creyendo que por aquellas latitudes suelen ser bastante concienzudos a la hora de emprender reformas, y que estas en pocos casos suelen perjudicar a sus ciudadanos, piensas que a buen seguro que debe ser un buen sistema digno de ser exportado, pero cuando te enteras que Italia ha optado por un sistema similar ya te hace estar con la mosca tras la oreja. Por lo tanto la pregunta sería ¿cómo es a grandes rasgos el sistema de pensiones sueco e italiano?

Para encontrar respuesta he esta pregunta adjunto la información extraída de la página de un banco (Bankinter), lo que ya nos debería indicar por dónde van los tiros.

[…]Después de las reformas pertinentes, se han decantado por un sistema consistente en dos componentes: una parte de las pensiones, “inkonstpension”, se obtendrá a través de un sistema pay-as-you-go, y la otra, “premiepension”, a través de una denominada notional account, algo así como un fondo individual por primas (UN FONDO PRIVADO). Sigue en vigor la pensión mínima garantizada para todas aquellas personas que no alcanzan una pensión contributiva suficiente y que está financiada vía impuestos.

En el nuevo sistema, el trabajador debe retraer de sus ingresos un 18,5% para financiar su pensión. De este porcentaje, un 16% son las cotizaciones que dan derecho al sistema redistributivo, y el 2,5% restante, genera el derecho a la pensión por primas (FONDO PRIVADO) […].

Es importante recalcar que la revaloración de la “premiepension” dependerá única y exclusivamente de la evolución de las valoraciones de las carteras de los fondos de pensiones en los que se haya invertido las contribuciones.

Supongo que viendo quien gestiona una parte del pastel de las pensiones en países como Suecia, Italia, Austria, etcétera, nos podemos hacer una idea del porqué de este excesivo catastrofismo y las prisas de algunos por hacerse con tan suculento dulce.

Nada es gratuito, y desgraciadamente detrás de muchas propuestas e iniciativas no es extraño que se esconda algo más. Por lo que tampoco sería descabellado pensar que detrás de no vetar la Renta Mínima Garantizada pudiera estar el hacerse con apoyos para la reforma del sistema de pensiones y/o que la RMG (426€) se acabe convirtiendo en la parte fija de toda pensión, otorgando la gestión de la otra parte a la banca o a las grandes gestoras en fondos de inversión. No olvidemos que detrás de la política y los políticos casi siempre están los poderosos lobbys buscando influir para hacer suculentos negocios, y que legislar en beneficio de ellos tiene premio, sino que se lo pregunten a unos cuentos ex Presidentes, ex Ministros o ex Secretarios de estado que acabaron trabajando u ocupando un cargo en el consejo de administración de alguna importante empresa lobbista.

MSNoferini

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