Archivos para marzo, 2016

El ICAM

Publicado: marzo 17, 2016 en Uncategorized
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foto ICAM

¿Cuántas veces hemos oído decir eso de lo increíblemente rápida que avanza la medicina? Supongo que unas cuantas. Pero a medida que la ciencia y la medicina avanzan, la estupidez humana, el egoísmo y el mercantilismo no se quedan a la zaga. Y todo esto viene a cuento por los cientos de casos de personas que cada año son menospreciadas y abandonadas a su suerte por el sistema público de salud y por quienes deberían garantizar su derecho a una pensión dada su discapacidad, porque un facultativo aplicando unos criterios totalmente subjetivos y poco científicos, a la hora de evaluar y valorar los grados de discapacidad de estas personas, decide que no tiene derecho a pensión alguna. Esto es lo que ocurre día sí y día también en los centros del Institut Català d’Avaluacions Médiques, como seguramente también ocurrirá en el resto del estado.

El ICAM se ha ganado a pulso una mala fama de ser un organismo más al servicio de ciertos intereses mercantilistas, propios de empresa privada, que en estar al servicio de los ciudadanos catalanes. Y cada día que pasa la lista de personas que se ven afectados de manera poco justificada por las decisiones arbitrarias de las personas que trabajan en él, se ve notablemente incrementada. Por ello se creó “la plataforma de afectados por el ICAM”.

Hablamos de personas con nombres y apellidos, hablamos, por poner sólo algunos ejemplos, de Nati, de Conchi, de Greta, de Montse -y a las que prometo dedicarles en cuanto me sea posible un artículo relatando sus casos y la difícil situación en la que se encuentran-. Personas aquejadas en muchos casos de enfermedades que hasta hace poco eran grandes desconocidas y difícilmente diagnosticables, pero con los avances de la medicina y el reconocimiento de ciertas patologías ya se pueden diagnosticar. Enfermedades como la fibromialgia o todas las relacionadas con el Síndrome de Sensibilidad Central.

Tal como denunció Miguel Arenas, abogado del Colectivo Ronda y experto en Seguridad Social: Lo que no están consiguiendo los tribunales, el ICAM lo está imponiendo por la vía de los hechos consumados. Lo que estamos viviendo desde principios de año parece una cacería de brujas para alcanzar los objetivos de revisiones denegatorias que el Estado incluye a los presupuestos anuales del ICAM. Y lo están haciendo a costa de unas pacientes especialmente desvalidas, pues sufren enfermedades que en muchos casos aún no están plenamente reconocidas como patologías y presentan dificultades de diagnóstico.

Mediante revisiones médicas que en la mayoría de los casos no superan los 10 minutos de duración y que a menudo no van más allá de exploraciones superficiales, el ICAM está dejando sin efecto prestaciones reconocidas en vía judicial.

La actuación del ICAM en muchas de estas revisiones que concluyen con la retirada de las prestaciones de invalidez “es absurda y salvaje; una auténtica barbaridad “.

Las consecuencias son dramáticas para las afectadas. Se quedan sin ingresos, sin prestación de desempleo -que desaparece cuando se reconoce la invalidez posteriormente denegada- y con la obligación de hacerse cargo de hasta un 40% del coste de los medicamentos que están obligadas a consumir y que pueden suponer un gasto mensual de cientos de euros.

El planteamiento mercantilista del ICAM, organismo público dependiente de la Generalitat, se ve claramente leyendo en su propia página web la función y objetivos que quienes la dirigen se han dado: “La nostra missió és realitzar l’avaluació mèdica, la inspecció, la gestió i el control dels processos mèdics relacionats amb les incapacitats laborals i dictaminar sobre l’adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari públic en el marc de la responsabilitat patrimonial. Su misión es la que se le otorgó cuando se creó pero dentro de un marco de responsabilidad patrimonial, o séase pues teniendo mucho cuidado de que sus decisiones no le originen un gasto excesivo a las administraciones.

En una memoria anual que sacan cada año también dejan claro su forma de entender la forma de gestión del organismo: “El mantenimiento del equilibrio económico constituye un aspecto clave en la razón de ser del ICAM y una premisa en su gestión”. Y en los objetivos estratégicos que periódicamente publican, como los que publicaron para los años 2011-2014 hablan de objetivos según la metodología DAFO. El objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en función de sus características propias y de las del mercado en que se mueve.

En resumen les importa más los objetivos mercantilistas propios de empresa privada que en tener la vocación pública que se le debería presuponer a un organismo público.

 De quejas sobre el ICAM y sus resoluciones, así como denuncias y fallos judiciales, hay unas cuantas, sólo es necesario entrar por internet y buscar para darse cuenta y tener acceso a ellas, y las quejas también han llegado al Sindic de Greuges. Adjunto, como ejemplo, la sugerencia hecha en un lejano 2008 por la Sindicatura de Greuges pidiendo mejorar la gestión del ICAM: Sobre la consideració dels informes o dictàmens aportats als metges de l’ICAM, el Síndic considera, sense qüestionar en cap moment la independència tècnica de l’ICAM, que s’haurien de tenir en compte tots els informes mèdics i resultats de proves de què es pugi disposar, tant els que aporta el pacient com els que l’ICAM hagi pogut demanar als seus consultors”. (Sobre la consideración de los informes o dictámenes aportados a los médicos del ICAM, el Síndic considera, sin cuestionar en ningún momento la independencia técnica del ICAM, que se deberían tener en cuenta todos los informes médicos y los resultados de pruebas de que se pueda disponer, tanto los que aporta el paciente como los que el ICAM haya podido pedir a sus consultores).

Personas que se sientan afectadas por las resoluciones del ICAM hay muchas, pues el porcentaje de incapacidades denegadas es cada día más elevado, sin haber podido conseguir unos datos actualizados los últimos a los que he tenido acceso del 2013 hablan de una denegación que rondaría el 40%, por no mencionar el número cada vez mayor de pensiones revocadas. El conseguir una valoración positiva del ICAM o el haber conseguido el reconocimiento de una invalidez a través de un fallo judicial no garantiza una plena tranquilidad, ya que las revisiones de oficio y posterior revocación de  las Invalideces no es algo excepcional.

Expedientes IP ICAM

Hablando con gente afectada y recopilando información a través de la red es fácil  ver cuáles son las enfermedades que más denegaciones sufren por parte del ICAM: enfermedades traumatológicas; neurológicas, entre las que se suele incluir la fibromialgia; las patologías de tipo digestivo, como la de Crohn; las metabólicas; así como las alergias, en su grado más alto, como la sensibilidad química múltiple, e incluso la esclerosis múltiple.

Hemos de pensar que padecer algunas enfermedades, como las que padecen algunas personas con las que he tenido contacto, como podrían ser todas aquellas relacionadas con el Síndrome de Sensibilitat Central (SSC), como la Fibromialgia o la Sensibilidad Química Múltiple, ya es bastante difícil para que encima la propia administración les ponga trabas a la hora de reconocer sus derechos,  cuando su obligación y preocupación debería ser trabajar por y para garantizarlos. Pensemos en el sufrimiento que puede suponer para una persona enferma con cualquiera de estas u otras enfermedades el verse imposibilitada para llevar una vida normal y sin poder trabajar, con un problema de quebranto económico que ello le puede suponer, para encima encontrarse con este trato discriminatorio.

“No puede ser –tal como expuso en su día el abogado Miguel Arenas- que el ICAM convierta el instrumento para conseguir una reducción del gasto. Es inconcebible que médicos que no son especialistas en estas patologías puedan dejar sin efecto los informes de los auténticos especialistas o las sentencias judiciales firmes, llevando a la revocación del derecho a una prestación ya reconocida. Claro que podemos volver a recurrir a los tribunales y probablemente conseguir que se vuelva a reconocer la invalidez pero ¿qué pasa con estas mujeres durante el año o los dos años que pueden tardar en obtener una nueva sentencia? Pues ¿de qué se supone que tienen que vivir unas personas que, según médicos y jueces, no pueden trabajar? “

MSNoferini

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Carlota somos todos

Publicado: marzo 8, 2016 en Uncategorized
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Hace pocos días a través de un muy buen amigo que le dedica mucho tiempo de su vida al activismo social a través de la PAH tuve conocimiento del caso de Carlota. Un caso más de tantos que se dan en este país donde una persona sin recursos se enfrenta a un posible desahucio y a la que la compañía eléctrica no ha tenido reparos, sin respetar la ley, en cortarle la luz.

Carlota es una joven que dada la complicada situación en la que se encontraba con su esposo decidió ocupar una vivienda en la población barcelonesa de L’Ametlla del Vallès. Una casa abandonada y en estado ruinoso, porque durante mucho tiempo fue lugar de diversión de algunos jóvenes de la población, propiedad de la inmobiliaria CRITERIA, lo que es lo mismo que decir la Caixa. Tras la ocupación, o recuperación,  Carlota con ayuda de su hermano dedicaron tiempo, esfuerzo y su poco dinero a su total rehabilitaron –rehicieron la instalación eléctrica, arreglaron desagües e instalación sanitaria, rehicieron los baños, pusieron terrazo y parquet, pintaron, arreglaron la cocina y pusieron encimeras, la amueblaron, etc.

La situación de Carlota es desesperada, pero no sólo porque al igual que millones de personas de nuestro país no tenga un trabajo, pues en su caso se juntan dos agravantes, por un lado está en su último mes de gestación y por otro tiene a su marido enfermo y en estado terminal.

El otro día tuve la suerte de conocer a Carlota y a su esposo, pudiéndoles poner cara y ojos. Y lo que me encontré fue a dos seres humanos tan corrientes como cualquiera de los que podéis estar leyendo esto.  Dos personas a las que la vida les ha dado demasiados golpes y que simplemente desean tener cubiertas sus necesidades más básicas y que Octavi, el marido de Carlota, pueda vivir con tranquilidad el tiempo que le pueda quedar de vida.

Carlota no es una persona que quiera aprovecharse del sistema, como muchos demagogos quieren hacernos creer muchas veces al hablar de quienes recuperan ciertas casas cerradas y desaprovechadas para convertirlas en sus viviendas. Carlota es una chica joven que está a punto de dar a luz a una niña y que con todo lo que tiene encima sigue estudiando para sacarse el título de auxiliar de enfermería, para cumplir con ello su sueño, que no es otro que dedicarse a tratar a enfermos terminales e infecciosos.

Seguramente Carlota será tan buena madre como esposa está siendo. Una mujer luchadora que necesita que la dejen vivir en paz hasta que su situación familiar y laboral pueda mejorar. Y que simplemente necesita que la Caixa la deje tranquila, pues la ley está de su parte (ley 24/2015 del Parlament de Catalunya), y que los servicios sociales de su población cumplan con su obligación y le sigan dando apoyo, cosa que por suerte gracias a la difusión que se ha hecho del caso están haciendo.

Pero el caso de Carlota no es una excepción, pues personas que están ante situaciones parecidas son muchas, pero al menos en Catalunya tenemos la suerte de que el trabajo de la PAH y la presión popular consiguieron que el Parlamento catalán fuera pionero en el estado aprobando una ley que por primera vez reconoce unos derechos a quienes padecen de problemas habitacionales y pobreza energética. Por todo ello debemos seguir luchando porque no se den más casos como este, que en Catalunya se cumpla la ley (24/2015) y que en el estado se apruebe una ley que reconozca estos mismos derechos a todos los ciudadanos del país, pues Carlota somos todos, hoy le ha tocado a ella, pero mañana cualquiera de nosotros podríamos encontrarnos ante la misma situación.

MSNoferini

un hogar para mi hija

contaminación shell

Como ya he comentado en otras ocasiones tengo la sana costumbre de leer o ojear diariamente un buen número de diarios, incluyendo algunas portadas de los principales diarios extranjeros. Y fue en el día de ayer (2/2/2016) que me encontré en la portada del Financial Times un pequeño comentario acompañado de una fotografía, que reproduzco a pie de página, que me ha llevado a escribir lo que paso a comentar.

Con mi bajísimo nivel de inglés entendí que en la portada del Financial Times se decía algo así como que “los nigerianos buscan ser pagados o gratificados por Shell por los derrames de petróleo” y “Shell se enfrenta a una batalla legal”. Lo que me ha llevado a buscar más información al respecto, pero sabiendo que ya hace tiempo que se viene denunciando como más de un oleoducto de las grandes multinacionales del sector de los hidrocarburos han contaminado grandes extensiones de terreno con sus fugas y vertidos.

La noticia en cuestión es que dos comunidades de pescadores del delta del Níger, Bille y Ogale, han presentado sendas demandas contra el gigante anglo-holandés de los hidrocarburos por la destrucción del ecosistema que les servía de sustento, a través de un bufete de abogados londinense.

Que las dos comunidades que han presentado un nueva demanda contra Shell hayan elegido al mismo bufete de abogados no tiene nada de casual, pues dicho bufete es el mismo que llevó el caso de la comunidad nigeriana Bodo y que a principios del pasado año consiguió un acuerdo extrajudicial por el cual la empresa petrolífera se comprometía a pagar, por los graves vertidos realizados en la zona, 55 millones de libras esterlinas a los 15.600 pescadores afectados por acabar con su medio de vida.

Pensemos que cuando se llevó ante los tribunales el caso de la comunidad Bodo los diferentes documentos que se acabaron haciendo públicos, correos electrónicos e informes internos, demostraban que altos cargos de la empresa habían expresado ya en 2001 su preocupación por la necesidad de sustituir oleoductos en el delta del Níger, afirmando que en algunos tramos había “riesgos y peligros importantes”.

Shell había afirmado en reiteradas ocasiones que el volumen de los vertidos que afectaron a la comunidad de Bodo era de 4.000 barriles de petróleo, mientras que las pruebas periciales acabaron demostrando que el volumen de los vertidos en la región había sido de más de 500.000 barriles.

Las grandes empresas petrolíferas llevan demasiado tiempo campando a sus anchas sin respetar el medio ambiente, la soberanía de los países con los que tienen acuerdos de explotación del crudo que extraen o por donde pasan sus oleoductos, ni respetando la salud de las personas que podrían verse afectadas por la contaminación por ellos generada.

Vivimos en un mundo atroz donde unas pocas multinacionales tienen patente de corso para hacer y deshacer a conveniencia y sin que hasta hace poco tuvieran que rendir cuentas ante nadie, entre otras cosas porque estas mismas multinacionales son las que han controlado y controlan la economía mundial, así como a la mayoría de gobiernos, imponiendo dictadores o financiando a los partidos de las principales democracias mundiales.

Y el poder de estas empresas es más que evidente viendo a modo de ejemplo la poca difusión que se le ha dado en los medios a una noticia de esta importancia. Una noticia que si la buscamos en la red la encontraremos en la página de Amnistía Internacional  y poco más.

MSNoferini

Vertidos Shell