Archivos para diciembre, 2014

Leyendo la interesante entrevista que el Gran Wyoming le ha hecho a Ada Colau en su libro “No estamos solos” ha habido una frase, que por lo visto es una constante en muchos casos de personas que han acabado desahuciadas de su vivienda, digna de ser analizada, la frase es la siguiente: “yo no quería comprarme una casa, pero el director de la oficina, que conocía desde hacía treinta años a mi padre, le convenció de que si yo alquilaba tiraba el dinero y que no tirara el dinero se convirtió en una prioridad familiar”. Dicha frase me ha hecho pensar en como ha evolucionado la banca y en unos cuantos casos que conozco de prácticas poco éticas de sus empleados, así como en mi propia experiencia con algunas entidades financieras.

Quienes tenemos ya una cierta edad somos conscientes de la evolución que ha sufrido la banca y las cajas desde nuestra infancia a la actualidad. Los bancos y cajas hace ya unos cuantos años tenían una única o prioritaria labor, la gestión de los ahorros y posteriormente la de nuestras nóminas. Cuando visitabas tu banco o caja te encontrabas con don Anselmo, don Miquel o con cualquier otro al que siempre le anteponías el don por delante del nombre. Quien trabajaba en banca fuese el director o del bedel era una persona muy respetada con la que el trato era de máximo respeto y con las que siempre había una cierta distancia. Pero llegaron nuevos tiempos y bancos y cajas evolucionaron, para nuestra desgracia, para hacerse más cercanos buscando con ello ser más atractivos, vender mejor sus productos y captar con ello a nuevos clientes. Y para bien o para mal esta nueva actitud se convirtió en una trampa para todos aquellos incautos que confiaron sin tener los debidos conocimientos en estos desalmados vendedores de productos financieros.

Antiguamente pocas eran las veces en las que se tenía relación directa con el director de tu oficina bancaria, pues por lo general pocos eran los temas a tratar con tan importante persona, y si por algún motivo tenías que acceder a sus despacho no era para venderle tu alma al diablo, como ha pasado en los últimos años. Pero con la evolución y proliferación de las entidades financieras los directores se convirtieron en personas de los más cercanas que supieron ganarse la confianza de un elevadísimo número de clientes. Y para desgracia de muchos que llegaron a confiar en exceso en los delegados de sus oficinas, llegando a creer que esos señores eran sus amigos, pasó lo que pasó, gente empeñada en pagar desproporcionadas hipotecas, inversión en preferentes, préstamos de alto interés e inadecuados por el volumen de ingresos de esas familias.

Pero no siempre han sido los delegados de la oficina los responsables de empujar o animar a un cliente a endeudarse sin explicarle correctamente los pros y contras de la inversión o del producto donde ponían sus dineros, porque se por buenas fuentes de cómo las entidades financieras presionaban a todos sus empleados para que, como si de simples comerciales se trataran, colocaran un mínimo de determinados productos y como buena parte de estos dejaron su ética a un lado y obedecieron. Las entidades financieras han jugado demasiado con el dinero de sus clientes sin pensar o sin querer ver las consecuencias que podían tener en las humildes familias, porque al final de cuentas los problemas siempre los han tenido los mismos, porque ningún adinerado cliente ha tenido que preocuparse con los productos tóxicos o porque se le animara a hacer una inversión por encima de sus posibilidades.

Recuerdo el caso de un conocido que empeñado hasta las cejas por su hipoteca y el préstamo del coche fue a su entidad financiera a pedir un nuevo préstamo para comprarse una moto, y de como su amigo el director le informó sobre la inviabilidad de la operación. El señor director le informó que no se le podría conceder un nuevo préstamo pues su central se la rechazaría, pero, pero, pero había una solución, la compra a plazos de un fantástico ordenador último modelo y con el préstamo del mismo podría sumarle el importe necesario para poder comprarse la tan deseada moto.

Está claro que mucha gente se endeudó por propia voluntad, pero ¿le explicaron los bancos las consecuencias que podría tener si por las causas que fueran no podía pagar su hipoteca? ¿Quién controlaba a las empresas de tasación que siempre valoraban a la alza las propiedades garantizando que la compra de esta o aquella propiedad era una gran inversión? ¿Cómo es que no tenían un código ético que no impidiese que se hicieran con las propiedades de sus clientes a la baja, con lo que buena parte de la deuda aun quedaba pendiente de pago?

Aun recuerdo cuando siendo muy joven se me ocurrió montarme un negocio y como ante la dificultad de conseguir financiación acabé en el Banco Central Hispano, el cual me aseguró el crédito con unas cuantas condiciones, entre las que estaba quedarme con unas cuantas acciones de la entidad. Este pobre pringado se convirtió de la noche a la mañana en accionista de un banco porque fue uno de los requisitos que tuve que asumir para poder conseguir dicho crédito.

Pero al margen de estas anécdotas personales hay gente que lo ha perdido todo por culpa de la falta de escrúpulos de las entidades financieras y por las desacertadas políticas, por no decir criminales, de nuestros gobernantes que potenciaron la burbuja inmobiliaria con la liberalización del suelo, con beneficios fiscales por la compra, al tiempo que se desincentivaba el alquiler.

Como ejemplo muy directo de las nefastas consecuencias que pudo tener el sistema hipotecario de este país haré referencia al caso de un amigo, una persona que cuando por problemas familiares y laborales se vio incapaz de pagar su hipoteca se encontró con la desagradable sorpresa de perder su casa. No contentos con arrebatarle su casa el banco la compró en tercera licitación por un cincuenta por ciento del que era su precio de mercado en dicho momento, con lo que esta persona se encontró sin casa y con una deuda de cierta cuantía que después de casi diez años de haberla perdido aun sigue pagando a través del embargo proporcional de su nómina.

Hasta que no llegue el día en el que nuestros gobernantes legislen a favor del pueblo y admita la dación en pago –como ya existe un muchos países de economía neoliberal-, se seguirán cometiendo un altísimo número de injusticias y la banca seguirá abusando de su posición privilegiada, posición que les viene principalmente de ser los principales financiadores e inversores de las campañas electorales de los grandes partidos de este país. Porque hasta la fecha ni al PP ni al PSOE han querido aceptar la dación en pago, algo que hubiese perjudicado a sus amigos de la banca, pero no han tenido problema alguno en aprobar el rescate y la refinanciación de las entidades financieras, principalmente las cajas que ellos desde los consejos de administración ayudaron a hundir, con ingentes cantidades de dinero público.

MSNoferini

AYUDAS A LA BANCA2

Estimación de hace más de un año sobre ayudas y avales recibidos por la banca de este país.

P.D. Soy consciente que no es lo mismo un Banquero que un bancario, por lo tanto quisiera dejar claro que no deseo criminalizar a todo el colectivo por los errores o la falta de ética de unos cuantos, por ello mi respeto más abosoluto para los honrados bancarios –que de haberlos haylos- que nunca engañaron a nadie y siempre miraron de informar de la mejor manera posible a sus clientes.

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Entre gritos de angustia y chillidos de dolor nací. El miedo fue mi inseparable compañero de infancia y la tristeza un pesado macuto del que nunca me pude librar. Mi nombre es desesperación.

Soy esa desagradable presencia que acompaña a la madre que llora de manera desgarradora por no tener nada que llevarles a la boca de sus hijos, también estoy presente siempre que un hombre busca consuelo en el culo de una botella mientras el oscuro manto de la inconsciencia cubre con su negrura su triste realidad y también tengo el triste honor de ser el último acompañante de aquellos que deciden poner fin a sus atormentadas vidas.

Y cuantas veces he sido testigo de cómo, por increíble que pueda parecer, mi aparición puede llevar alegría entre una serie de individuos que ven con complacencia mi llegada. Para ciertas alimañas faltas de escrúpulos; que engordan sus fortunas o las de sus amos con el dolor, la angustia y el miedo de los desheredados; mi aparición es una excelente oportunidad para desvalijar a los muertos de espíritu y repartirse los despojos restantes de lo que en otros tiempos fueron sus vidas e ilusiones, las vidas e ilusiones de muchas personas, personas como tú…

MSNoferini

La vondad y la solidaridad no son valores que se deban sacar a pasear sólo en navidades. Pensemos en los demás todos y cada uno de los días de nuestra vida, porque un mundo mejor es posible si aprendemos a entregarnos a los demás, dejamos de pensar sólo en nosotros mismos, asimilamos cuales deberían ser las prioridades en la vida y el verdadero valor de los bienes materiales. Aprendamos a abrir los ojos a los problemas de quienes la desperación podría arruinar sus vidas.

Aunque no se le ha dado excesiva transcendencia este jueves se ha perpetudado un nuevo y gravísimo ataque a los derechos de los trabajadores con la aprovación en el congreso, con el apoyo entre otros de CiU, del proyecto de ley por el que se modifica la Ley General de la Seguridad Social en relación con las Mutuas de Accidentes de Trabajo, lo que se ha venido a llamar la nueva Ley de Mutuas –algo que ya denuncié en julio cuando se debatía el anteproyecto de ley novedad-del-anteproyecto-de-ley-que-modifica-el-regimen-juridico-de-las-mutuas.

Con la modificación de la ley nos encontramos que en el redactado de la Disposición Adicional Undécima, punto 2, permite a las mutuas, con respecto a la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes –la enfermedad común–, su denegación, suspensión, anulación y, ahora también, su extinción –que podría llegar a producirse incluso aunque el trabajador continuase en situación de baja médica–. Y es que la norma permite ahora a las mutuas que efectúen el control, también sanitario, de las altas y bajas médicas desde que reciban el parte médico de baja, que será de inmediato “a partir del día de la baja médica”.

En su punto 3 contempla que, cuando las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social […] consideren que el beneficiario podría no estar impedido para el trabajo, podrán formular propuestas motivadas de alta médica a través de los médicos dependientes de las mismas, dirigidas a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud. Las Mutuas comunicarán simultáneamente al trabajador afectado y al Instituto Nacional de la Seguridad Social, para su conocimiento, que se ha enviado la mencionada propuesta de alta.

La Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud estará obligada a comunicar a la Mutua y al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde el siguiente a la recepción de la propuesta de alta, la estimación de la misma, con la emisión del alta, o su denegación, en cuyo caso acompañará informe médico motivado que la justifique. La estimación de la propuesta de alta dará lugar a que la mutua notifique la extinción del derecho al trabajador y a la empresa, señalando la fecha de efectos de la misma.

Cuando la Inspección Médica del Servicio Público de Salud hubiera desestimado la propuesta de alta formulada por la Mutua o bien no conteste a la misma en la forma y plazo establecidos, ésta podrá solicitar la emisión del parte de alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina, de acuerdo con las atribuciones conferidas en la disposición adicional quincuagésima segunda –por si no consiguen el alta en primera instancia a las mutuas se les da una segunda via para conseguir el alta de los trabajadores-. En ambos casos, el plazo para resolver la solicitud será de cuatro días siguientes al de su recepción.

A las Mutuas se les da la posibilidad de formular propuestas de alta, y de no ser atendida su propuesta, en el muy corto plazo que marca la ley, o por no considerarlo adecuados los facultativos de los servicios Públicos de Salud, aun se le da una via más para conseguir a través del organismo que gestiona el pago de las IT (bajas de enfermedad por incapacidad temporal) el alta del trabajador. Además están legitimadas para suspender cautelarmente la prestación hasta que se resuelva sobre la procedencia de la extinción, en un claro intento de presionar al trabajador para que voluntariamente cause alta médica.

Y si la única esperanza es que los servicios públicos no se dobleguen a las exigencias de las Mutuas nos encontramos con que la ley mirará de potenciar los “convenios y acuerdos entre las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y con los Servicios Públicos de Salud”.

En definitiva la nueva ley de regulación de las Mutuas es una aberración que dota de excesivo poder a las Mutuas y limita, por obra y gracia del gobierno y de sus socios de CiU y PNV, una vez más los derechos de los trabajadores.

MSNoferini

Ley-Mutua

Este pasado jueves la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por muchos como Ley Mordaza, dio un paso hacia delante con su aprobación en el Congreso. La ley aprobada únicamente con los votos a favor del Partido Popular y los votos en contra de todas las demás formaciones, incluida CiU que parecía en principio estar en consonancia con dicha ley orgánica ha acabado votando en contra, ahora será enviada al Senado para su definitiva configuración y aprobación.

En fin de poder argumentar los motivos del por qué de la aprobación de esta innecesaria ley el PP no ha tenido reparos, una vez más, en mentir sobre el número de disturbios violentos producidos en los últimos tres años. Tal como desvela el “diario.es”:

«En un documento interno con los argumentos que los miembros del PP deben esgrimir para defender la Ley de Seguridad Ciudadana afirma que la aprobación de la norma era necesaria por el gran número de disturbios violentos producidos en los últimos tres años. Según el texto, estos fueron 1.000 de enero de 2012 a septiembre de este año y provocaron un coste que el PP cifra en 47,5 millones de euros. El número de heridos ascendió a 865 ciudadanos y a 618 agentes de Policía y Guardia Civil.

Los datos no son ciertos, si nos tenemos a la estadística oficial del Ministerio de Interior. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presumía este miércoles en el Congreso de que el total de manifestaciones en los últimos tres años era de 90.000. En el debate para aprobar la nueva ley, negó que las protestas violentas en España sean numerosas y comentó que “solo suponen un 0,08% de las más de 90.000 manifestaciones pacíficas que se han convocado”. Esa proporción supone que solo hubo problemas de violencia en 72 de ellas».

Una vez más el gobierno español deja clara su visión represora de lo que es su idea del orden y justicia, y vuelve a demostrar su talante al no tener reparos en falsear los datos para poder tirar hacia adelante sus leyes.

Estas son las infracciones que contempla el proyecto de ley en estos momentos:

 INFRACCIONES MUY GRAVES (4)

– Reunirse o manifestarse, sin comunicarlo o saltándose la prohibición, en instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, entrar en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, e interferir en su funcionamiento cuando se generen riesgos para las personas o perjuicios en dicho funcionamiento. Los responsables serán los organizadores o promotores.

– Fabricar, reparar, almacenar, circular, comerciar, transportar, distribuir, adquirir, certificar, enajenar o usar armas, explosivos catalogados, cartucherías o artículos pirotécnicos incumpliendo la normativa, sin autorización o documentación o excediendo los límites autorizados. No tomar medidas obligatorias de precaución. Siempre que no sea delito y que se causen perjuicios muy graves.

– Celebrar espectáculos públicos o actividades recreativas saltándose una prohibición o suspensión de la autoridad por razones de seguridad pública.

– Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan provocar accidentes.

INFRACCIONES GRAVES (24)

– Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas. Cuando no constituya infracción penal.

– Perturbar de forma grave la seguridad ciudadana durante reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso, el Senado y las asambleas de las comunidades, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal.

– Causar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos. Provocar incendios en la vía pública. Cuando no sea delito.

– Tratar de impedir, al margen de los procedimientos legalmente establecidos, “a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial” el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales. Siempre que no sea delito.

– Impedir u obstaculizar, por acción u omisión, que actúen los servicios de emergencia y eso genere o aumente el riesgo para personas o bienes o agrave las consecuencias del suceso.

– Desobedecer o resistirse a la autoridad, siempre que no sea delito. Negarse a identificarse ante ella (o sus agentes) o dar datos falsos o inexactos.

– Negarse a disolver una reunión o manifestación cuando lo ordene la autoridad por no ser lícita, porque hay alteraciones o porque los asistentes hacen uso de uniformes paramilitares.

– Perturbar una reunión o manifestación lícita. Siempre que no constituya infracción penal.

– Entrar en infraestructuras o instalaciones de servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento. Siempre que no sea infracción muy grave.

– Portar, exhibir o usar armas prohibidas o hacerlo de modo negligente, temerario o intimidatorio o fuera de los lugares habilitados, aun cuando en este último caso se tuviera licencia. Siempre que no constituya infracción penal.

– Solicitar o aceptar servicios sexuales pagados en zonas públicas cerca de colegios, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores o cuando sean un riesgo para la seguridad vial. Los agentes de la autoridad les dirán a las personas que ejercen la prostitución que no lo hagan en esos lugares; si no hacen caso, se puede considerar desobediencia o resistencia a la autoridad.

– Fabricar, reparar, almacenar, circular, comerciar, transportar, distribuir, adquirir, certificar, enajenar o usar armas, explosivos catalogados, cartucherías o artículos pirotécnicos incumpliendo la normativa, sin autorización o documentación o excediendo los límites autorizados. Siempre que no sea constitutivas de delito. No tomar medidas obligatorias de seguridad o precaución o que estas sean insuficientes.

– Negarse o tratar de impedir inspecciones o controles legales en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.

– Usar en público y de forma indebida uniformes, insignias oficiales, o réplicas, y otros elementos de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia “que puedan generar engaño”. Cuando no sea constitutivo de infracción penal.

 – No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana cuando la autoridad ordene la disolución de una reunión o manifestación por no ser lícita, porque hay alteraciones o porque los asistentes hacen uso de uniformes paramilitares.

– Consumir o poseer ilícitamente drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos o transportes colectivos. Abandonar los efectos empleados para ello en esos lugares.

– Trasladar a personas en vehículos para facilitar su acceso a drogas, siempre que no constituya delito.

– Plantar y cultivar de forma ilícita drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público. Siempre que no sea constitutivo de infracción penal.

– Tolerar el consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o establecimientos públicos o “falta de diligencia” a la hora de impedirlo por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos.

– No tener los registros previstos en la ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.

– Dar datos o circunstancias falsos para obtener documentación, siempre que no constituya infracción penal.

– Obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos que ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana.

– Incumplir las restricciones de navegación impuestas a embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.

– Usar imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas de Seguridad “que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.

INFRACCIONES LEVES (17)

– Celebrar reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público sin comunicarlas, sin garantizar en ellas el “buen orden” —los responsables son los organizadores— o saltándose su prohibición o cambio de recorrido decidido por la autoridad.

– Exhibir objetos peligrosos para la integridad física como intimidación, siempre que no constituya delito o infracción grave.

– Saltarse, provocando “alteraciones menores”, las restricciones o los itinerarios en actos públicos, reuniones o manifestaciones.

– Las faltas de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, cuando no sea constitutivo de infracción penal.

– Realizar o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal.

– Proyectar haces de luz sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.

– Ocupar cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o permanecer en ellos, contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho, cuando no sean constitutivas de infracción penal. También, ocupar la vía pública en contra de la ley o la decisión de la autoridad competente, incluida la venta ambulante no autorizada.

– No denunciar la pérdida o sustracción de armas y explosivos, así como no conservar su documentación.

– Alegar datos falsos o no atender a comunicaciones obligatorias en plazo en la cumplimentación de registros. Siempre que no constituya infracción penal.

– No tener DNI o pasaporte (documentación obligatoria) o no denunciar su sustracción o extravío.

– Perder tres o más veces el DNI o el pasaporte en un año.

– Negarse a entregar el DNI o el pasaporte “cuando se hubiese acordado su retirada o retención”.

– Daños “o deslucimiento de bienes muebles o inmuebles” de uso o servicio público y privados en la vía pública. Cuando no constituya infracción penal.

– Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo de daños a personas o bienes.

– Remover vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo.

– Dejar sueltos o en condiciones de causar daños a animales feroces o dañinos, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.

– Consumir bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.

Las cuantías de las sanciones serán: infracciones leves – multa de 100 a 1.000 euros, graves – multa de 1.001 a 30.000 euros y muy graves – multa de 30.001 a 600.000 euros.

Ley mordaza

Dice el dicho que la ignorancia a veces puede hacernos más felices, no sé si realmente es así pero cuando uno tiene conocimiento de cual es la cruda realidad de este país siente de todo menos felicidad. Y esto viene a cuento de que con el tan prometido y ansiado Portal por la Transparencia se han comenzado por hacer públicos los desorbitados salarios de buena parte de los cargos electos, no electos y de parte del personal de confianza nombrado a dedo.

Como siempre las noticias hay que creérselas con ciertos reparos, y esto viene al caso de que según que cargos puede ser que sus salarios no sean excesivamente elevados, pero al margen de estos cobran otros emolumentos (dietas, gastos de alojamiento, vivienda, transporte de largo recorrido, taxis, gastos de telefonía, etc.). Pero aun así, si lo pensamos fríamente, no es extraño que, tal como se ha hecho público, cobren más los Secretarios de Estado y el personal de confianza que hacen de asesores a nuestros Ministros y altos cargos, si tenemos en cuenta que la mayoría de estos son simples floreros que ocupan un puesto por ser miembros destacados y muy bien posicionados dentro del partido pero de limitados conocimientos, lo que les lleva a tener que buscarse a personas de contrastada valía para suplir sus limitaciones –¡¡¡si no sabes de un tema poco importa, te buscas un buen asesor y todo resuelto, y si tu amigo el asesor no llega pues este a su vez está autorizado a buscarse a otros asesores, total la casa es grande y no se repara en gastos (o al menos hasta hora no se reparaba)!!!

Uno tiene la sensación de que en el mundo de la política importa poco la capacitación personal, pues se premia más el amiguismo e incluso el posicionamiento ideológico que la valía, porque sino cómo se entiende que ciertas personas de limitadas aptitudes hayan llegado a ocupar importantes alcaldías, un escaño o la titularidad de un ministerio.

MSNoferini

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Es curioso que hoy (10/12/2014), día mundial por los derechos Humanos, se hayan hecho públicas en los medios las atrocidades cometidas por los servicios secretos norte americanos. Según un informe dado a conocer este pasado martes por el Comité de Inteligencia del senado de los EE.UU sobre las técnicas utilizadas en los interrogatorios de la CIA fueron mucho más brutales de lo que se creía, y todos esos crueles e inadmisibles métodos “no fueron efectivos y nunca aportaron información que llevara a evitar una amenaza terrorista inminente”

Privación del sueño durante más de 70 horas, baños de hielo, ahogamientos, aislamiento continuado en pequeñas celdas sin calefacción, amenazas sexuales con palos, palizas varias, e inyecciones de comida de manera forzosa por vía rectal cuando los presos se negaban a comer. Estas son sólo algunas de las torturas a las que la CIA sometió a los detenidos acusados de actividades relacionadas con el terrorismo entre los años 2002 y 2006.

Esta información pone de manifiesto el desprecio de los Derechos Humanos y a la legalidad internacional de los servicios de inteligencia norteamericanos, sobre todo en época del criminal George W. Bush. Un criminal y mentiroso tipejo que con el apoyo del primer ministro británico, Tony Blair, y el presidente del gobierno español, el amoral José María Aznar, no tuvo reparos en masacrar un país para su disfrute y el enriquecimiento de cuatro desgraciados oligarcas de la industria del petróleo y de la toda poderosa industria armamentística norteamericana.

MSNoferini

Torturas

Quiero pedir disculpas por haber tardado tanto tiempo en escribir estas líneas, ya son muchos los días que han pasado desde que se hizo pública (22/10/2014) una vergonzosa noticia, una de esas noticias que hacen sentir vergüenza del sistema judicial de este país, la revocación por parte de la Audiencia Provincial de Madrid de la sentencia que obligaba a la farmacéutica Grünenthal a indemnizar, después de 57 años, a los afectados españoles por la Talidomida.

Un mazazo judicial con el cual se evaporada la indemnización para los afectados por ese criminal fármaco comercializado por la farmacéutica alemana Grünenthal. La Audiencia Provincial del Madrid ha anulado la sentencia de primera instancia que había condenado a la farmacéutica a pagar 204 millones de euros a 180 víctimas del uso de esta medicina durante sus gestaciones. Los magistrados consideran que el delito está prescrito.

Los afectados alemanes fueron indemnizados hace ya 43 años pero los afectados españoles les va a tocar seguir batallando en el Tribunal Supremo para conseguir la satisfacción de que se les reconozca la causa de sus malformaciones y una indemnización, aunque está claro que el dinero nunca podrá enmendar el sufrimiento de los afectados.

La justicia vuelve a equivocarse y los poderes políticos tampoco hacen nada por dar apoyo a los españoles que decidieron luchar contra este intocable Goliat del sector farmacéutico. Pero cómo va a ponerse nuestro gobierno al lado de esos desgraciados y deformes ciudadanos para atacar los poderosos intereses de una importante farmacéutica y más cuando esta es alemana. Un capítulo más de las múltiples injusticias que se dan en este país.

MSNoferini

Talidomida